En las intervenciones del diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, y de Anabel Belloso, del FMLN, sobre los dos nuevos proyectos de ley para ejecutar el Tren y el Aeropuerto del Pacífico; ambos aprobados este martes en la plenaria; coincidieron en que la falta de garantías y transparencia en las concesiones que se harán de las obras de ambos proyectos, se promueve el beneficio para los sectores empresariales que sean adjudicados con los trabajos por sobre la población.
#EnVivo | Sesión Plenaria N° 53 ✍
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Posted by Asamblea Legislativa de El Salvador on Tuesday, April 26, 2022
"Cuál es realmente el fondo de ir detrás de la habilitación de mecanismos que están obviando controles que pueden, así como se hizo el fondo de emergencia en el manejo de los recursos de la pandemia, propiciar los actos de corrupción y de conflictos de interés, en donde al final, las compras y contratos se los reparten y se los asignan justamente a sus amigos y familias", afirmó Belloso.
Los parlamentarios también señalaron otros aspectos sociales y medio ambientales que no han sido considerados en los decretos. Por ejemplo, en la construcción del Aeropuerto del Pacífico, Belloso argumentó que no han realizado un estudio de impacto en la zona de cómo afectará la construcción de dicha infraestructura al sector costero del país, del Departamento de La Unión.
El jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, sostuvo que son aproximadamente 500 familias las afectadas en la zona de Conchagua, en La Unión, y que el gobierno no ha considerado medidas para mitigar el impacto ambiental que tendrán las obras en una zona considerada por el Ministerio de Medio Ambiente como zona boscosa.
Belloso, añadió que en la presentación que hicieron los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de CEPA en la comisión de Economía, se evidenció que los estudios de factibilidad aún no están completos, "si se han tardado tres años de gestión para hablar de estos proyectos de alta envergadura que tienen mucha complejidad, que requieren de recursos. No se tiene certeza de esa relación costo-beneficio", ahondó.
Por su parte, Ávila, de ARENA, enfatizó en que se contempla un exención de impuestos para 25 años a las empresas que sean adjudicadas, esto considerando que no se aplicará la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), es un riesgo para estar promoviendo un "sacrificio fiscal implícito".
Según dijo, son ingresos que se dejarán de percibir y obras sociales sin ejecutar, "si las obras se realizan con fondos de inversión privada, la sociedad tendrá un sacrificio a favor de estos grupos empresariales", lamentó Ávila.
Coincidió también en que los proyectos no tutelan el resguardo del medio ambiente en la zona costera del Puerto de La Unión que linda con zonas de área natural protegidas por el Ministerio de Medio Ambiente.
La afectación social también será de gran envergadura pues en el caso del Tren del Pacífico son miles de personas que viven asentadas en comunidades en las orillas de las vías férreas.
"Es necesario que quede planteado con mayor claridad para que en este caso se garanticen los derechos de las personas que estarán siendo afectadas en lo que serían las zonas de influencia de ambos proyectos. Aquí vemos que se necesita mayor claridad para que no se vayan a generar vulneraciones a los derechos e inestabilidad social", manifestó Ávila.
Al respecto, en el dictamen que fue aprobado este martes de la construcción de la primera fase del Tren del Pacífico se explica que a las personas se les darán opciones para moverlas de sus lugares de residencia.
El diputado Rodrigo Ayala, de Nuevas Ideas, explicó que son tres opciones: la primera sería optar a una vivienda a través del Fondo Social para la Vivienda (FSV); la construcción de la casa a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP); o la entrega de cheque para que las personas busquen en el mercado una vivienda de su preferencia.