El asesinato de una niña de siete años residente en la urbanización La Campanera hizo que varias personas reprocharan la actitud de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), ya que consideran que nada o poco hicieron por buscar a la niña, cuyo cadáver fue encontrado en la mañana de ayer, cerca de la casa donde vivía.
“Para buscarla solo dos anduvieron, pero hoy que ya está muerta viene el gran montón”, afirmó una de las decenas de mujeres, cuyos maridos fueron sacados de sus viviendas para ser interrogados para ver si sabían algo sobre el infanticidio que ha sacudido a esa comunidad que por años estuvo sometida por miembros de la Pandilla 18 Sureños.
Varias personas afirmaron que el lunes al caer la tarde y luego de saber que la niña desapareció mientras correteaba jugando con otros niños, y fueron a poner la denuncia al puesto policial. Sostiene que les dijeron a las vecinas que se organizaran para hacer la búsqueda.
El cadáver de la menor fue encontrado ayer en la mañana, a pocos metros del pasaje donde vivía, según medición que este Diario hizo a través de Google Maps.
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El cuerpo de la niña estaba adentro de un costal, tirado en un parque cercano a la casa que habitaba.
Entre el puesto de la policía y el lugar donde fue localizado el cadáver hay unos 300 metros que se pueden cubrir en cinco minutos caminando o en uno en vehículo.
Interrogación a todos los hombres de La Campanera
Hasta ayer a media tarde, decenas de hombres, adolescentes, jóvenes y algunos de la tercera edad fueron llevados a un predio baldío que usualmente es ocupado como estacionamiento y punto de partida de los autobuses de la ruta 49, que da servicio a esa comunidad. Esto a pesar de que poco después del mediodía, funcionarios de Seguridad indicaron que ya habían capturado a tres sospechosos, entre estos a Marta H., madre de la víctima.
Algunos fueron sacados de sus viviendas y conducidos al referido terreno; otros iban llegando a sus casas o salían hacia sus trabajos o estudios. Los policías los llevaban, sin esposar, al lugar bajo la explicación de que no se trataba de arresto sino que solo serían interrogados para indagar si sabían algo sobre el asesinato de Melisa, la niña víctima.
La medida causó malestar entre las mujeres, madres o compañeras de vida de los retenidos, quienes preguntaban insistentemente a los policías si serían capturados. Estos les volvían a repetir que solo querían interrogarlos sobre el crimen.
Algunas mujeres lamentaron que sus hijos no pudieran asistir a sus clases universitarias; otras dijeron que sus parientes únicamente habían llegado a almorzar y que cuando se disponían a retornar a sus labores fueron interceptados por los policías.
Entre las decenas de retenidos también estaba un adulto mayor. La esposa y una de sus hijas se mostraban preocupadas por el estado de salud, debido a que padece de hipertensión y otra enfermedad por la cual tenía programada una cirugía en los próximos días.
La seguridad estaba descuidada
A principios de diciembre de 2022, el Gobierno instaló un cerco policial y militar en Soyapango, incluyendo la urbanización La Campanera, la cual fue sitiada por militares. Éstos interrogaban a quienes no eran residentes, según indicaron vecinos.
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“Últimamente la seguridad estaba bien descuidada aquí. De vez en cuando se miraba que entraba una patrulla y se miraba que entraba gente extraña y los policías de aquí (del puesto) no hacían nada”, afirmó un poblador.
Otros vecinos aseguraron que mientras estuvo el retén militar en la entrada se percibía más seguridad.