El proyecto de Ley de Agentes Extranjeros de Cuba y el proyecto de reforma al Código Penal cubano tienen la misma finalidad, afirma José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
A su juicio, ambas iniciativas buscan “acallar voces disidentes, constreñir el espacio cívico y controlar enteramente la narrativa sobre lo que sucede en el respectivo país”.
Por ello, no duda en considerar que estas son “leyes antidemocráticas con finalidad represiva. No hay duda de la raíz autoritaria común de ambas normas”.
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En noviembre de 2021, el ministro de Gobernación salvadoreño, Juan Carlos Bidegain, presentó en nombre del presidente Nayib Bukele una iniciativa de Ley de Agentes Extranjeros que busca limitar el financiamiento de organizaciones de sociedad civil y amenaza con prisión a quienes reciban financiamiento extranjero y transgredan conceptos ambiguos y poco elaborados de orden público o soberanía.
Mientras que en Cuba, se plantea una reforma al Código Penal a fin de castigar con prisión a quien, entre otras actividades, reciba fondos para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
Las autocracias se parecen, afirma
Para José Marinero, no hay sorpresa en que el gobierno de Nayib Bukele y el de Miguel Díaz-Canel emprendan acciones similares en El Salvador y Cuba, respectivamente.
“Todas las autocracias -de izquierda o derecha- terminan pareciéndose en su intolerancia a la crítica y a las libertades de pensamiento, asociación e incluso prensa”, dijo a El Diario de Hoy.
Sin embargo, ve interesante que “Bukele retomó antes el modelo nicaragüense que la propia Cuba”. Esto, pues su iniciativa fue presentada en noviembre, dos meses antes que se diera a conocer la propuesta de reforma al Código Penal cubano.
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A su juicio, esto puede ser porque “en Cuba el espacio cívico ya encuentra más obstáculos y el Estado tiene más control sobre la población”. Por otro lado, en El Salvador, los cierres de espacio cívico son apenas incipientes, aunque acelerados.
Pero más allá de los tiempos en que se aplique, todos los proyectos de este tipo buscan cerrar el espacio cívico y usan el control del financiamiento de organizaciones como mecanismo de represión.
“Trasnochado discurso nacionalista”
Detrás de las justificaciones de este tipo de leyes, afirma Marinero, parece haber “un transnochado discurso nacionalista y anti-imperialista: las cosas de este país solo las podemos discutir los de este país y si alguien financia a alguna organización nacional es porque está queriendo injerir sobre asuntos internos”.
Sin embargo, aclara que esos “asuntos internos” suelen ser “el desmantelamiento de la democracia o la vulneración de derechos fundamentales”.
Y sobre este punto, afirma sin reparos que “Bukele ya ingresó de lleno al listado infame de gobiernos autoritarios” y añade que “en la foto de esta familia autoritaria, ocupan espacio destacado Maduro, Ortega y la dictadura cubana”.