“Ha sido un semestre desolador para el periodismo en las Américas”, concluyó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) este jueves en el final de su Asamblea de medio año.
La gremial de medios independientes en el continente mostró su preocupación por la creciente ola de estigmatización de mandatarios latinoamericanos contra el periodismo que fiscaliza el uso de fondos públicos y en el caso de El Salvador mostró sus preocupaciones específicas de parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
“El gobierno de Nayib Bukele ha implantado un cerco legal y de facto para estrangular la libertad de expresión y de prensa. Son comunes las amenazas, descalificaciones y discursos de odio en contra de periodistas y medios independientes”, resumió la SIP en el informe relativo a El Salvador.
La SIP tampoco pasó por alto las recientes reformas avaladas por la bancada legislativa del presidente Bukele, las cuales, denunció, criminalizan los artículos periodísticos que informen sobre el accionar de las pandillas.
“Con el argumento de la guerra contra las pandillas y la declaratoria del Régimen de Excepción, los periodistas están expuestos a censura penal, lo que deriva en casos de autocensura con nuevas disposiciones que criminalizan informar sobre pandillas”, especificó el documento.
La SIP argumenta que las reformas al Código Penal fueron aprobadas “con lenguaje ambiguo que permite ampliar discrecionalidad a la autoridad para criminalizar la cobertura sobre las pandillas”.
La Sociedad explica cómo el presidente Bukele se ha defendido de las acusaciones de coartar la libre expresión argumentando que los medios han seguido operando con normalidad pero contrasta con lo dicho por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH.
“La Relatoría indicó "que la amplitud y la vaguedad de los términos que se emplean (en las reformas) para describir las conductas prohibidas entran en conflicto con los estándares internacionales que exigen que todo límite a la libertad de expresión esté previsto de manera expresa, taxativa y clara en la ley. La mencionada ambigüedad de la redacción dificulta distinguir entre las expresiones sancionables y las que no", afirma la SIP.
El informe detalla todas las denuncias que han hecho medios como El Faro, Factum, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) entre otros, sobre los ataques a la libre expresión en los pasados seis meses.
“Varias reformas penales, una ley mordaza y la vigilancia y persecución a través del software Pegasus y otros recursos tecnológicos forman parte del abanico de restricciones contra la prensa”, enumeró la Sociedad.