“Las medidas adoptadas por el presidente de El Salvador contra la delincuencia de las maras conculcan el más elemental Estado de Derecho”… Así advierte el prestigioso periódico español El País en su editorial titulado “El despotismo de Bukele”, sobre la aprobación de reformas penales que permiten procesar sin pruebas a detenidos bajo el régimen de excepción, mantenerlos presos hasta 24 meses y luego llevarlos a juicio en masa hasta de 900 imputados.
“El régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele en El Salvador ha quebrado esta semana otro pilar del Estado de derecho”, dice el periódico, exponiendo, por tanto, que “crece la alarma por el deterioro de los derechos humanos en El Salvador y la inquietud por la desarticulación de la oposición”.
El diario señala que el gobierno salvadoreño ha llevado a delante una política de “cero tolerancia” que ha llevado a la cárcel a más de 72,000 personas bajo de pertenecer a pandillas, pero esto ha significado “una deriva autoritaria que socava los cimientos de la convivencia y ha despertado la profunda preocupación de los organismos internacionales en defensa de los derechos humanos”.
Puedes leer | Capturan a cuatro policías por extorsionar con el régimen
El medio reconoce que aparentemente las pandillas “están más debilitadas y acorraladas que nunca” y Bukele ha disparado su popularidad hasta tener un poder casi omnímodo, pero el estado de excepción ha llevado a centenares de muertes bajo custodia policial, operativos permanentes y arrestos arbitrarios.
En este punto recuerda que en mayo un grupo de expertos de Naciones Unidas alertó que los juicios masivos que ya se venían realizando en El Salvador “atentan contra las garantías del debido proceso”.
Además, llama la atención sobre el hecho de que Bukele oficializó a principios de julio su candidatura a la reelección con vistas a los comicios de 2024, “escudándose en una más que dudosa interpretación de la Constitución, que prohíbe presentarse en periodos consecutivos, hecha por los magistrados afines que impuso su partido en la Corte Suprema”.
Lo que más subraya El País es que Bukele ya es un modelo en América Latina, pero para proyectos y postulantes de extrema de derecha. Para el caso cita al candidato presidencial argentino Javier Milei y el político chileno José Antonio Kast y expone que en Colombia la construcción de megacárceles ya forma parte de las ofertas electorales.
“La exhibición de mano dura, la mofa de sus adversarios a través de las redes sociales, los ataques a la prensa y la ostentación de su política carcelaria se han convertido en un patrón político”, señala.
Pero El País advierte que “Si Bukele quiere garantizar una sociedad viable a medio plazo debe frenar de inmediato su deriva despótica y respetar los principios más elementales del Estado de derecho”.
“El infierno de Bukele…”
En otro artículo, titulado “El infierno de Bukele en El Salvador: un país sumergido en un Estado policial, sin derechos ciudadanos y bajo censura”, se expone que “el presidente ha impuesto un estado de excepción que le permite un control sin precedentes y consolidar un sistema autoritario bajo el argumento de poner fin a la violencia”.
El autor del artículo, Carlos S. Maldonado, redactor de la edición América de El País y con experiencia en la cobertura de Centroamérica, señala que “a través del estado de excepción, las autoridades salvadoreñas han desatado una cacería que recuerda los abusos” de la época de militares.
“Miles de personas son sometidas a diario a revisiones y cateos en retenes militares establecidos en todo el país y se ha desatado una cacería contra hombres jóvenes, por vivir en zonas controladas por pandillas o llevar tatuajes. Hay denuncias de torturas y condiciones inhumanas en las cárceles, además de un centenar de muertos bajo custodia por maltratos de las autoridades carcelarias”, escribe el periodista.
En este punto cita a Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de la organización defensora de los derechos humanos Cristosal, advirtiendo que ahora “cualquier persona puede ser capturada arbitrariamente”.
Por ejemplo, según Ábrego, en las denuncias recibidas se evidencia que han sido detenidos jornaleros, sindicalistas, pescadores, agricultores, personas que han cuestionado a la policía y sindicalistas capturados por protestar porque no les han pagado sus sueldos.
Según un informe de Cristosal, que cita El País, al menos 153 reos murieron por torturas, golpes, estrangulación o por falta de atención médica. “El organismo documenta que 75 cadáveres presentaban laceraciones y hematomas, heridas con objetos cortopunzantes o señales de ahorcamiento. Las violaciones masivas y sistemáticas ya son una política del Estado”, agrega.
Bukele responde
Bukele no tardó en responder. “Un titular absurdo que se contradice con su mismo artículo, donde afirma que el 90 % de los salvadoreños aprueban nuestro trabajo (ningún presidente en el mundo tiene una aprobación siquiera similar). En el pasado, ni siquiera un periodista de quinta hubiera firmado un artículo tan absurdo, pero la desesperación es grande”, se limitó a escribir en la red social X.
En seguida, citó a The Washington Post diciendo: “Y este es el problema: no solo los salvadoreños lo aman, políticos y funcionarios desde Honduras hasta Argentina han sido impresionados por el régimen de puño de hierro de Bukele, tentados por el rédito político que pudiera traer implementar las mismas tácticas en sus sociedades plagadas de crimen”. “Debemos hacer una contrapropuesta que tenga éxito en reducir el crimen, o los que estamos interesados en una respuesta democrática perderemos la batalla de la narrativa.”
Según Bukele, “esto no es periodismo, es simple activismo desesperado, ordenado por los que temen al poder del ejemplo”.
“La censura es la norma”
El artículo de El País, firmado por Carlos S. Maldonado, dice que “la censura es ya una norma y la persecución contra voces críticas, periodistas y sindicalistas ha impuesto un estado de terror en la sociedad” en El Salvador.
“Más de 3.000 vendedores informales han sido desalojados de San Salvador, la capital, y amenazados con capturarlos bajo el régimen de excepción si protestan”, reseña.
Pero el caso con el que más ejemplifica la censura fueron las gestiones diplomáticas para prohibir la presentación de una obra en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la más grande de Centroamérica.
“El régimen del populista Nayib Bukele exigió que se suspendiera del programa la colección de cuentos Sustancia de hígado, de la escritora salvadoreña Michelle Recinos, que denuncia las arbitrariedades cometidas por las autoridades durante más de un año de un estado de excepción impuesto por el mandatario para hacer frente a la violencia de las pandillas que desangraba al país”, dice El País.
Según el autor, “los ojos de la censura se posaron principalmente en el cuento Barberos en huelga, una dramática y terrible historia que narra cómo los hombres —vendedores ambulantes, dependientes de tiendas, ayudantes de barberos, chóferes de transporte público— desaparecen al ser detenidos por vincularlos sin pruebas con las llamadas maras”.
El autor razona que este es un recuento “de una realidad infernal en un país donde han sido detenidas más de 77.000 personas, se han suspendido las garantías ciudadanas, se ha militarizado la seguridad, han sido denunciadas torturas y desapariciones y la censura se impone como política de Estado”.