La experta en derechos humanos, Celia Medrano, opinó sobre el régimen de excepción y señaló que la ausencia de acceso a información pública impide conocer desde fuentes oficiales cómo se utilizan recursos públicos en la implementación de acciones que por su delicadeza requieren permanente control.
“Sin controles es fácil que autoridades transgredan limites legales y éticos, así como instrumentalicen sus facultades y atribuciones con objetivos políticos”, dijo.
Recordó la investigación sobre el espionaje focalizado en periodistas que no están alineados a la narrativa oficial y la adquisición de Pegasus, una herramienta de espionaje que solo puede ser comprada por un gobierno.
“Antecedentes como estos dan lugar a suponer que atribuciones como escuchas telefónicas están dirigidas principalmente hacia cualquiera que pueda ser categorizado como opositor político en lugar de destinar recursos y esfuerzos a la investigación criminal”, indicó.
Entre el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de marzo se registraron 87 muertes violentas, el pico más alto en lo que va de la gestión Bukele. Ante esto, él solicitó declarar estado de excepción y se suspendió por 30 días, que pueden ser prorrogables, los derechos de libre asociación, de inviolabilidad de la correspondencia, de la defensa ante una detención, además de extender el periodo de detención administrativa de 72 horas a un máximo de 15 días.