Para el gobierno de Nayib Bukele una emergencia implica obtener fondos públicos sin tener que rendir cuentas a la población de su uso puesto que ignoran los controles y mecanismos transparentes establecidos en las leyes.
Así lo señaló el abogado y comunicador, Mauricio Maravilla, al analizar la declaratoria de estado de emergencia nacional por la tormenta tropical Bonnie, que fue aprobada este martes en la Asamblea Legislativa para un periodo de 15 días y que entre otras cosas, permite al Ejecutivo realizar compras omitiendo los procesos de control establecidos en la legislación.
El abogado explicó que una declaratoria de emergencia trae consigo la posibilidad de activar todos los mecanismos necesarios y evitar todas las trabas burocráticas que supone un proceso normal dentro del Estado.
Saltarse la Lacap
No obstante, consideró que para el gobierno de Bukele un estado de emergencia supone la posibilidad de saltarse la Ley de Adquisiciones y Contrataciones en Compras Públicas (Lacap).
En ese sentido expuso que la actual administración gubernamental en lo primero que piensan ante cualquier posibilidad que se presente es en declarar “una emergencia” debido a que esto les permite “disponer de fondos sin rendir cuentas o hacer contrataciones directas como se ha visto en casi toda la administración del presidente Bukele”.
“La Lacap parece ser una piedra en el zapato para esta administración y siempre que tiene oportunidad se la saltan. Para este gobierno una emergencia implica, precisamente eso, disponibilidad de recursos”, señaló el abogado en una entrevista reciente del programa ocho en punto.
No prioriza la vida de los salvadoreños
Maravilla también apuntó que el Ejecutivo no ha priorizado la vida de los salvadoreños porque no ha utilizado de buena manera el presupuesto asignado para la prevención y mitigación de desastres.
“Si estamos de acuerdo de que lo prioritario es la vida, pues a mí me preocupa que hasta mayo de este año, el quinto mes de año, el gobierno, en su cartera de Estado que tiene que ver con este tema (prevención de desastres), el ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente y Gobernación, solo habían ejecutado el 25% del presupuesto asignado para la prevención de este tipo de cosas que hoy nos tienen en aprietos”, manifestó.
Detalló que el Gobierno ha tenido $17.3 millones para prevención y hasta mayo solo habían ejecutado solo $4.4 millones.
“Estamos de acuerdo. La vida es lo prioritario, pero entonces la vida es la que no se ha priorizado cuando no se ha ejecutado en tiempo y de buena manera un presupuesto que es para prevención. Qué ha pasado con este dinero”, concluyó.