El Relator de Expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Serafín Valencia, dijo que tras la aprobación del régimen de excepción pareciera ser lo que el gobierno de Nayib Bukele busca es legalizar una actividad que ya venían realizando.
"Y aquí es donde entra una duda ¿será que hay información que ellos (gobierno) ya recabaron y están buscando nada más justificar la legalidad para utilizar esa información y levantar procesos judiciales en contra de algunas personas que consideran opositoras”.
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Recordó que “desde noviembre del año pasado se habla de un listado de cerca de 20 periodistas que la Fiscalía tendría en sus manos para quienes estaría presto a iniciar las investigaciones”.
“Este tipo de cosas hacen pensar que el fondo de este decreto (régimen de excepción) es más bien de carácter político y no el combate a la criminalidad”, concluyó.
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Entre el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de marzo se registraron 87 muertes violentas, el pico más alto en lo que va de la gestión Bukele. Ante esto, él solicitó declarar estado de excepción y se suspendió por 30 días, que pueden ser prorrogables, los derechos de libre asociación, de inviolabilidad de la correspondencia, de la defensa ante una detención, además de extender el periodo de detención administrativa de 72 horas a un máximo de 15 días.