Orlando A. era cobrador de un autobús del transporte público hasta el 31 de mayo anterior, cuando fue capturado en un retén de policías de élite instalado en un camino rural del cantón La Labor, en el municipio de San Sebastián, departamento de San Vicente.
Según la compañera de vida del detenido, aquella tarde, Orlando se dirigía en su motocicleta al pueblo de San Sebastián, a comprar medicinas para su hija; a los pocos minutos, ella recibió una llamada de él, diciéndole que fuera a recoger la motocicleta.
Cuando ella llegó al lugar, Orlando estaba esposado pero aparentemente sereno: le dijo que no debía nada y que pronto estaría de regreso en casa. Incluso esbozó una sonrisa, según cuenta la mujer.
Por su parte, los policías de la Sección Táctica Operativa (STO) le manifestaron que lo capturaban porque tenía antecedentes. Luego, se lo llevaron para las bartolinas policiales de San Vicente.
Ese mismo día, alrededor de las 10 de la noche, la compañera de vida del detenido comenzó a recibir en su teléfono celular unos mensajes a través de WhatsApp de un hombre que luego se identificaría como policía. El agente policial que, según la mujer, había capturado a Orlando horas antes.
Los mensajes eran un claro acoso sexual, denunció ella. “Mamasita linda, vos estas bien rica, yo quiero que estés conmigo… cosas así”, refiere la mujer, quien trabaja haciendo pupusas en un mercado.
“Vaya, y cuándo la puedo ver y platicamos”, le escribió un día, poco después de que Orlando fuera capturado. Ella le dio unas cuantas excusas. El policía siguió en su afán: “Con esfuerzo podríamos vernos”.
En otros mensajes, el policía le enfatizaba que tenía que verla cuando andaba de civil, no cuando andaba uniformado.
De acuerdo con la compañera de vida del detenido, el policía obtuvo su número tras haberle decomisado el teléfono a Orlando. No pudo ser de otra manera, dice.
Desde ese día, los mensajes de acoso sexual y la presión para que ella acepte encontrarse con el policía no han cesado, a tal punto de que la ha llegado a buscar a su lugar de trabajo. La mujer vive con miedo.
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El acoso al que ha sido sometida por parte del agente policial lo saben algunas policías de San Sebastián, lo saben abogados y otras personas a quienes ella les ha comentado en busca de apoyo.
Las policías y abogados le han recomendado que denuncie al agente policial porque de repente el nivel de acoso podría escalar, ya que el acosador vive en un lugar cercano al cantón La Labor y se desplaza en su vehículo por las mismas calles que la mujer transita cuando va y regresa a su trabajo.
Pero ella dice que no tiene tiempo ni dinero para hacerlo, y que también siente temor de denunciar debido a la vigencia del mismo régimen de excepción. También asegura estar consciente que, bajo esta medida, la Policía o los militares pueden capturarla sin ninguna razón más que con el decir que es “colaboradora de pandillas”.
“Desde el día que lo metió a las bartolinas (a Orlando), ese mismo día a las 10 de la noche me comenzó a escribir, acosándome, diciéndome que quería verme, que quería verse conmigo en algún lugar. Desde ese día, yo no tengo paz porque tengo miedo de que en cualquier momento pueda venir y me pueda llevar”, comenta.
“Un día llegó a mi trabajo y me hizo una pregunta que si no habían venido los policías a buscarme. Yo le dije que ‘no’, que no debía nada y que no tenían por qué llevarme. Él me dijo que tuviera cuidado, que los policías llegarían a mi casa. Desde entonces, casi no duermo pensando en que él puede venir a llevarme”, detalla.
Llamado al presidente
Según la compañera de vida del detenido, en el tiempo que tiene de conocer a Orlando, este siempre se ha caracterizado por ser trabajador (cobrador de autobuses) y responsable con los gastos del hogar. “Hasta donde yo sé, él no es pandillero” afirmó la mujer.
Tanto el mismo día en que se lo llevaron, como al siguiente, los policías le insistieron en que no hiciera nada por sacarlo de la cárcel porque tenía antecedentes. Sin embargo, según la mujer, la solvencia de antecedentes penales y policiales no reflejan que Orlando haya cometido delito alguno o que tuviera cuentas pendientes. “Me dijeron que no hiciera nada, que dejara que se pudriera en la cárcel”, expone.
Orlando está próximo a cumplir los seis meses de prisión. Lo único que sabe es que está en el penal de Izalco y que a mediados de diciembre le harían la audiencia preliminar, es decir, la segunda audiencia. “Pedirle al gobierno que se ponga la mano en la conciencia. Hay niños sufriendo, llorando por sus padres. En el caso mío, me salieron los 300 dólares pero lo estamos pagando muy caro porque esto que estamos viviendo no se lo deseo a nadie”, dice la compañera de vida del detenido.