El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reconoció ayer que, entre marzo de 2022 y abril de 2023, cuando El Salvador vive bajo el régimen de excepción se han cometido 216 homicidios. Esto lo manifestó el funcionario al exponer la “reducción de homicidios” de los últimos años y, en el caso del 2022, dijo que se cerró con 496 homicidios, de los cuales 65% (322) se cometieron antes del Estado de excepción y el 35% (173) durante la medida excepcional. A esto se suman los 43 homicidios de este 2023.
Villatoro asistió este 17 de abril a la comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, para dar cuentas respecto a la seguridad en el país y en ese sentido dio datos oficiales respecto a los homicidios registrados en los últimos seis años.
"Una disminución significativa"
Para eso, el funcionario hizo una presentación por cada año y dijo: “Vamos revisar un poco la historia de lo que traíamos, en cifras, sobre la reducción de homicidios y, es donde si bien es cierto, podemos ver en 2017 más de 3,000 homicidios, en 2019 que es donde ya intervienen los primeros seis meses y cinco del Plan Control Territorial, ya hay una disminución significativa de la cifra de muertos en el año”, indicó.
Posteriormente, Villatoro explicó la lámina que contenía una gráfica de barras con los siguientes datos: en 2027 hubo 3,962 homicidios, 2018 cerró con 3,346; en 2019 se registraron 2,398; en 2020 hubo 1,341 fallecidos, mientras que en 2021 murieron 1,147 salvadoreños.
Al llegar a 2022, el titular de Seguridad, destacó los “logros” del estado de excepción. “Curiosamente ya a 9 meses de la aplicación del régimen de excepción vemos el cierre del 2022 con 496 homicidios”, manifestó.
Informe sobre régimen de excepción
Por otra parte, autoridades del Gabinete de Seguridad presentaron un informe a los parlamentarios de dicha mesa legislativa sobre la aplicación del primer año del régimen de excepción.
En relación a esto, el diputado de Nuestro Tiempo, Jhonny Wright Sol, manifestó que "ayer (17 de abril) se llegó a justificar el régimen de excepción, creo que sin excepción alguna, todos los funcionarios que llegaron a exponer recalcaron sobre el apoyo popular, que tiene la medida y de hecho alegan que continuará mientras la población lo apoye".
El legislador subrayó que "no se estableció cuando podría cesar la suspensión de derechos constitucionales", proyectándose que esto se va a mantener por un tiempo indefinido.
Por su parte, Claudia Ortiz, de VAMOS expresó que los funcionarios oficialistas "en teoría venían a rendir cuentas, pero no se le notificó a ningún partido de oposición, tampoco se dio la agenda oportunamente para poder estar presentes y hacer una verdadera rendición de cuentas de los resultados y los costos humanos" de esta medida excepcional.
"El ministro de Seguridad tuvo varias declaraciones que entran en contradicción, dijo que la guerra contra las pandillas se hizo en un estricto respeto a derechos humanos., por favor, si hay hay muertos con señales de tortura, a la gente no se le dice cuál es el estado de salud o donde están sus familiares y ademas viene a encontrarlo en fosas comunes", reprochó.
Seguido de eso, la legisladora criticó las declaraciones del funcionario que dijo que la principal herramienta que se había utilizado para hacer las capturas era la base de datos para antecedentes penales. "Nos queda la pregunta ¿ya tenían perfilados a los pandilleros? y no los habían capturado pudiendo hacerlo, esperaron a que hubiera un baño de sangre en un fin de semana para activar esos mecanismos que ya estaban disponibles, siendo que asociaciones ilícitas ya es un delito contemplado en el Código Penal Salvadoreño", concluyó Ortiz.