Un juzgado de familia de Guatemala ordenó medidas de protección para un familiar del Ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Bidegain Hananía, a quien se le acusa por posible delito de violencia contra la mujer, según una publicación de la Revista Factum.
La publicación señala que el funcionario no puede acercarse ni comunicarse por ningún medio con la denunciante o con su grupo familiar. La resolución fue publicada en el Sistema de Gestión de Tribunales del vecino país luego de una audiencia celebrada en su contra. El pasado 7 de marzo, el juez ordenó las restricciones que tendrán vigencia de seis meses.
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El funcionario salvadoreño, quien tiene una orden internacional de arresto por maltrato a otros miembros de su familia, tiene prohibido perturbar o intimidar a su familiar y visitar su lugar de residencia, trabajo y estudio.
La protección legal también incluye a los integrantes del grupo familiar de la denunciante. Además, “tiene prohibido provocar maltrato verbal, físico, daños materiales, lesiones o intimidaciones de forma personal, así como por medio de terceras personas, vía telefónica, redes sociales, mensajes, o por cualquier medio electrónico, así como en la vía pública”, señala Factum en base a la resolución del tribunal guatemalteco.
Además: Ministro de Gobernación ha sido buscado por la Interpol
Fuentes cercanas al caso señalaron a Factum que de acuerdo a la denunciante, el ministro de Gobernación utilizó recursos del Estado salvadoreño para intimidarla en las últimas semanas.
elsalvador.com buscó tener declaraciones del funcionario a través del área de comunicaciones del ministerio, esta dirección remitió a la Secretaria de Prensa de la Presidencia, pero hasta las 5 de la tarde del jueves no se ha tenido respuesta.
En 2019, recién nombrado ministro de Gobernación, fue capturado en El Salvador y puesto a la orden de un juzgado de Paz de San Salvador por una difusión roja u orden de captura internacional girada por la Interpol, la cual responde a presuntos delitos cometidos en Guatemala, según se constató en documentos oficiales.
La Corte Suprema de Justicia, impuesta por el oficialismo, denegó en esa fecha la solicitud de extradición guatemalteca y la declaró improcedente.