Diputados acuerdan invitar a Migración y Cancillería para estudio de voto desde el exterior

Los diputados de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa acordaron este jueves invitar a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección General de Migración y Extranjería a fin de conocer aportes para el estudio del anteproyecto de la propuesta de Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.

La diputada Alexia Rivas manifestó que tras escuchar aportes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) ve oportuno escuchar información relacionada con otro tipo de trámites que están plasmados en el anterpoyecto de ley.

"Me parece bien invitar a representantes de la Dirección de Migración y Extranjería para que nos brinden datos sobre la cantidad de documentos emitidos en el extranjero, a fin de tener un panorama más claro del número de personas que lo han solicitado y cuáles son los procesos", indicó la diputada.

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Posteriormente, la legisladora oficialista, Ana Figueroa también propuso que se invite a representantes de Cancillería para que compartan datos sobre los pasaportes emitidos en el exterior.

"Es necesario que conozcamos la información de cuántos salvadoreños en el extranjero tienen este documento vigente. Esto ayudará a evaluar las situaciones que pueden darse en las elecciones", manifestó.

La sesión legislativa fue presidida por el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua, quien anunció las fechas en que serán convocadas ambas entidades. La representación de Migración y Extranjería será convocada para el 28 de julio, mientras que Cancillería el 11 de agosto.

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Un total de 733,540 salvadoreños en el exterior que poseen Documento Único de Identidad (DUI) vigente o vencido estarían habilitados a la fecha para votar en las próximas elecciones, según ha manifestado Fernando Velasco, presidente del RNPN.

El mecanismo (voto por internet) ha sido criticado por diferentes expertos en informática, diputados de la oposición y abogados, quienes valoran que El Salvador aún no está preparado para echar a andar ese método.