En las comunidades de los alrededores del cantón El Perical, donde desde mayo de este año se construye el “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, como lo ha llamado el presidente Nayib Bukele, no les queda más que resignarse a lo que viene: la apertura de la megaprisión, prevista según algunos trabajadores de la obra, para inicios del año próximo.
Desde afuera se puede apreciar que el muro perimetral con sus garitones o atalayas está terminado.
Desde arriba, en el interior se ven construidas al menos ocho galeras modulares, donde están las bartolinas con literas de concreto en varios niveles, según fuentes consultadas.
Afuera, maquinaria pesada y camiones livianos entran y salen de la construcción en la que se ve a decenas de trabajadores con camisas amarillas con distintivos del Ministerio de Obras Públicas.
El viernes anterior trabajaban, afuera del penal, en lo que, según los informantes, es la planta de tratamiento de aguas residuales, construida cercana a una quebrada de invierno, según pobladores.
A unos cuantos cientos de metros, la comunidad Nuevo Amanecer apenas ha sido beneficiada con esa construcción: En unos cuantos metros de la calle se ve que han lanzado concreto para tapar los hoyos más profundos y grandes de la angosta calle de tierra.
Mientras, la comunidad formada en su mayoría por casuchas hechas de láminas recicladas, sigue sin agua potable y sin energía eléctrica.
El cambio más perceptible, además de los parches grises de cemento en la calle, es la construcción de una pequeña iglesia evangélica, con paredes de ladrillo al descubierto, que desentonan con el resto de construcciones.
Contaminación del agua
Kilómetros más abajo, los habitantes del cantón San Francisco Angulo se quejan de la contaminación que la construcción trajo a dos riachuelos donde abrevaba el ganado.
Algunas veces el agua baja tan turbia y nauseabunda por su olor que ni los animales la beben, comentó una lugareña.
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Otro residente de San Francisco Angulo aseveró que el caudal de los riachuelos ha bajado considerablemente. Lo achacan a la construcción de varios pozos perforados en el penal para abastecer a la población reclusa, la cual, de momento, es usada para la misma construcción, señalaron.
A la preocupación por el impacto en sus recursos hídricos, los vecinos de San Francisco Angulo han sumado otra: La posible reapertura de un relleno sanitario.
Esa era una batalla que habían ganado en 2018, cuando se opusieron al funcionamiento del botadero porque perjudicaba los recursos hídricos y la fauna local.
Ese fantasma ha vuelto
De acuerdo con lugareños, hoy no creen que tengan la fuerza suficiente para oponerse por temor a que el Estado los reprima y los encarcele bajo el régimen de excepción. Eso mismo pasó, aseguran, con la construcción del penal: muchos se quedaron quietos por temor a ser encerrados en esa prisión.
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“Cuando el gobierno dice que va a construir una cosa, la construye por más que las comunidades so opongan. Así pasó con el penal de Izalco. Hasta muertos hubo cuando la gente de ese lugar protestaba oponiéndose”, afirmó un residente de San Francisco Angulo, con tono de resignación.
Presos construyen la cárcel
En el esfuerzo por habilitar lo más pronto posible la mega cárcel de Tecoluca, el gobierno ha desplegado un contingente de reos en fase de confianza para que ayuden en la construcción de la referida prisión.
En los alrededores de la construcción se ve a custodios de la Dirección de Centros Penales. Es difícil distinguir a los reos de los empleados de las empresas constructoras porque todos visten la misma camisa amarilla con mangas largas y logos del Ministerio de Obras Públicas.
La construcción lleva un atraso de varios meses.
El 21 de julio pasado, el presidente Nayib Bukele prometió que estaría lista en 60 días, es decir, el 21 de septiembre.
No obstante, los evidentes avances, la prisión no está lista casi tres meses después de la fecha prometida por Bukele.
Construcción cuestionada
La construcción del Centro de confinamiento del terrorismo ha sido cuestionada por muchos aspectos, desde la transparencia con que se han manejado los fondos con que se construye, pasando por el daño ambiental, especialmente al recurso hídrico del municipio y el perjuicio causado a los agricultores, expropietarios de las parcelas donde están las 236 manzanas de terreno que el gobierno ha dicho que ocupará la megacárcel.
Esta semana también se sumo el de organizaciones de derechos humanos, como Human Right Watch (HRW) que ha señalado que la prisión que supuestamente albergará 40 mil pandilleros, incumple los estándares internacionales, como Las reglas Mandela que, por ejemplo, plantean que en una prisión no debe haber más de 500 reclusos.
HRW ha ido escalando sus cuestionamientos y ha pedido al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que suspenda los préstamos destinados para la Dirección General de Centros Penales y para la Fiscalía General de la República, mientras el gobierno salvadoreño no establezca condiciones de respeto a los derechos humanos.