El abogado ecuatoriano Mauricio Alarcón ha seguido muy de cerca la situación institucional de El Salvador. Durante los últimos años, ha elevado alarmas sobre el deterioro democrático y la difícil situación para periodistas y críticos del poder en el país.
Durante la última entrevista con El Diario de Hoy, confirma sus temores: que la vanidad de un presidente que no quiere ser cuestionado y la sombra de irregularidades están elevando cada vez más el costo de disentir o siquiera hacer preguntas.
De esto y más conversó con El Diario de Hoy:
¿Sigues viendo mordazas en El Salvador?
Sí. Y veo con preocupación el hecho de que las mordazas no han necesitado formalizarse para generar un efecto intimidante en quienes han sido o han ejercido el activismo, en quienes están en la sociedad civil o en el periodismo. Difícilmente se ve que se concreta un castigo o una acción de fuerza por parte del Estado y más bien ha bastado la mera amenaza para generar un efecto de avestruz, de que agachen la cabeza, la metan bajo tierra y esperen a ver qué pasa después.
¿Esa no suele ser la práctica usual?
Ahí sí hay una diferencia respecto a lo que se vio en varios gobiernos de la región, donde las acciones llegaron a concretarse, donde la mordaza se impuso formalmente con una ley de comunicación o la persecución a la sociedad civil se formalizó a través de una norma que regulaba el trabajo de las organizaciones. Aquí no fue necesario llegar a eso para generar el efecto que ya estamos viendo en varios sectores.
Pero no implica que no pueda pasar…
No implica que no pueda pasar, pero en la práctica hemos visto que ha bastado la amenaza para generar el efecto que probablemente el poder deseaba. Pero no olvidemos que ya hay iniciativas en la Asamblea Legislativa como la Ley de Agentes Extranjeros que sería ponerle punto final al trabajo que durante años varias organizaciones de la sociedad civil han realizado.
No se ha hablado tan formalmente de los temas de medios de comunicación, pero la forma en la que muchos actores políticos se refieren al trabajo que realizan los medios formales, digitales creo que abre el camino para iniciativas censuradoras.
Recientemente se aprobó reformas a la Ley de Delitos Informáticos que penalizan la difusión de información confidencial, aunque esto sea ambiguo. ¿No ves esto una formalización de amenazas al periodismo?
Por supuesto. Y esperemos que no se llegue a aplicar porque estamos hablando de una norma sancionadora, de una norma penal que genera un efecto mucho mayor que el de la mera censura que se aplicaba a través de sanciones económicas en el caso ecuatoriano.
Creo que esta forma velada de sancionar no solo el ejercicio de un derecho de acceso a la información, sino el ejercicio profesional del periodismo de investigación, debe alertarnos sobre lo que puede venir después. Recordemos que la confidencialidad es la excepción y la publicidad la norma, y bajo ningún enfoque el ejercicio de derechos debería ser sancionado. Y el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental.
Además de las armas legales, hay indicios de espionaje a periodistas. ¿En qué parte del rompecabezas entran estas acciones?
Son piezas fundamentales, no solo para el efecto intimidatorio para quienes ejercen el periodismo, sino también para las fuentes que se lo piensan dos veces antes de aceptar una entrevista o incluso no están seguros de que se respete la confidencialidad de esa relación. Ese efecto fue visto en muchos países de América Latin: estar pendientes de qué hacen y cómo lo hacen los periodistas, y seguir los pasos privados desde una institución pública como una secretaría de inteligencia o desde una casa presidencial, vulnerando totalmente los derechos más elementales dentro de una Constitución y tratados internacionales.
La teoría dice que el Estado abre sus puertas y el ciudadano tiene derecho a la privacidad. Aquí lo vemos al revés, el ciudadano puede ser espiado y las instituciones están bajo… (Interrumpe)
Bajo la sombra de la opacidad, no de la privacidad que es distinto.
Y además el ciudadano está siendo espiado. ¿Cómo interpretar este cambio de roles?
El cambio de roles obedece a esa hoja de ruta hacia el totalitarismo, donde se cree que el Estado debe controlar la vida de los ciudadanos, en lugar de que sean los ciudadanos los que controlen socialmente la vida de los funcionarios públicos. No olvidemos que el Estado funciona gracias al dinero que sale de nuestro bolsillo, gracias al aporte que todos damos en el pago de nuestros impuestos. Ese dinero que está en manos del Estado nos corresponde a nosotros vigilarlo.
Si hay opacidad y se penaliza la posibilidad de que cualquier persona fiscalice y le pregunte a su representante qué hace con ese dinero, estamos ante un desconocimiento de los estándares más elementales del respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos más fundamentales de los ciudadanos.
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Nayib Bukele parece celebrar que no hay periodistas presos. ¿Es esa una métrica de respeto a la libertad de prensa?
En Ecuador no tuvimos un solo periodista preso porque no era necesario privarlos físicamente de libertad para generar un impacto en la libertad de expresión. Tuvimos periodistas perseguidos, con procesos penales y civiles abiertos ante la justicia, que simplemente decidieron dedicarse a cualquier actividad antes que mantener esos procesos o ser víctimas de apertura de otros tantos.
Teníamos periodistas que ante la persecución, que era notoria y evidente, decidían salir del país para estar en paz y dejar de ser víctimas de ese juego y ese acoso psicológico. Rafael Correa decía en aquel entonces “pruébenme que hay periodistas presos en Ecuador”, pero casi tan grave como privar periodistas de su libertad era por ejemplo imponer multas de $350,000 a un periodista y un medio que no estaban en condición de pagar y caían en una quiebra y les convierten en personas que ni siquiera pueden abrir una cuenta de banco.
O una situación peor, cuando se mantenía procesos abiertos y ante la aparición de alguna cosa desde el periodismo, te aparece un escrito de la Fiscalía recordando que hay una investigación abierta. No es necesario privar físicamente de la libertad para poner mordazas, para censurar e intimidar a quienes realizan el periodismo y quienes desde la sociedad civil quieren fiscalizar lo público.
Hablas de acosos e intimidación notoria. ¿Crees que en El Salvador llegamos a eso?
Pero basta revisar noticias de las últimas semanas para darnos cuenta que sí. El discurso estigmatizante de muchos actores políticos contra organizaciones de la sociedad civil, medios, periodistas de manera directa da paso a las denuncias y avisos que se presenta a la Fiscalía, que no prosperan pero que son una amenaza a quienes están formando parte de esas acciones, que simplemente optan por claudicar, negociar o ceder principios antes que tener esa espada encima que ante el mínimo movimiento te puede quitar la vida. Como se ve, los hechos están.