Las organizaciones mencionaron que es preocupante que la Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación, Nacimiento o Muerte de Víctimas de la Masacre El Mozote y lugares aledaños, aprobada el 28 de junio de este año, no fue presentada ni consultada con sobrevivientes y familiares de la masacre.
Este decreto de la Asamblea Legislativa aprobó eliminar que el proceso de diligencias notariales fuera gratuito, gastos que el Estado iba a cubrir para que las víctimas pudieran obtener los documentos pertinentes y acceder a las reparaciones. Ahora son ellos quienes deben pagar para poder ingresar al registro.
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Leonel Claros de la Asociación Promotora de Derechos Humanos El Mozote (APDHEM), explicó que “con la ley queríamos que el proceso fuera más ágil y rápido, que dejara toda la burocracia que hay actualmente”, dijo. Una persona que desee ingresar al Registro Único de Víctimas tiene que esperar más de seis meses para que un abogado entregue los documentos necesarios para ser registrados.
Para Claros con la ley que se creó no se está favoreciendo en nada a los familiares. Por otro lado, Ovidio González de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, afirmó que el proceso para ingresar al Registro Único de Víctimas deben ser gratuitos según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “No podrían estarle cargando más a las víctimas sobre su situación”, expresó.
Otro de los aspectos en que las organizaciones no están conformes es que la normativa no fue presentada ni consultada con sobrevivientes y familiares de la masacre. “No se consulta a las víctimas, simplemente se hace la ley a conveniencia de alguien de ellos pero debe buscarse el consenso de las víctimas”, explicó González.
Esta ley, según los defensores, debe responder a las necesidades de cada familiar de víctimas de la masacre. Algunos de los problemas que enfrentan son: hijos que no pueden obtener documentos porque su padre no tenía documentos, herencia, personas que no pueden comprobar que fueron compañeros de vida de una persona desaparecida, comprobar de hijos adoptivos o de crianza.
Además, expresaron que la ley violenta el derecho a las reparaciones de los sobrevivientes y sus familiares, debido a que su finalidad es únicamente crear un registro cuando ellos también necesitan que se propongan medidas de reparación.
La propuesta de ley anterior que ya se había presentado si hablaba de reparaciones e indemnizaciones, según Irene Gómez de Cristosal, “Esta ley únicamente contempla que haya un registro pero deja afuera todas las reparaciones que se establecen en la sentencia de la CIDH con respecto a la Masacre El Mozote”, dijo.
Las organizaciones mostraron preocupación porque este decreto legislativo propone que luego de finalizadas las labores del registro, todos los archivos serán enviados al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, quienes no cuentan con la experiencia técnica que tiene la Dirección General de Estadísticas y Censos.