Escudándose en la implantación de un Régimen de Excepción que requiere de más esfuerzos de la Policía y de la Fuerza Armada para combatir a las pandillas, la Asamblea accedió a autorizarle al gobierno $80 millones más para seguridad.
Con esta nueva asignación el dinero para ese rubro proveniente de reorientaciones de partidas de los presupuestos y de deuda asciende a más de $400 millones que se suman a otros $890 millones asignados en el presupuesto general de la Nación de 2022.
Con esa intención y de acuerdo al decreto legislativo, $20 millones serán para el Ejército para comprar armas y equipo tecnológico para continuar apoyando las tareas de seguridad junto a la Policía; otros $30 millones servirán para la creación de un fondo de recompensa para quienes delaten a supuestos integrantes de los grupos criminales; y $30 millones para financiar el equipamiento de la Policía para adquirir más armamento y vehículos.
Solo en el presupuesto de 2022 para Seguridad el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya informó una inversión de $890 millones con la intención de bajar los índices de violencia y hechos delictivos, mediante el Plan Control Territorial, modernización y equipamiento de las instituciones de seguridad.
Desde que el presidente Nayib Bukele asumió el Ejecutivo en junio de 2019, tanto la Policía como la Fuerza Armada han tenido sendas inyecciones de recursos provenientes de préstamos para financiar el el Plan Control Territorial y de reorientaciones de fondos de los presupuestos anuales. Pese a eso los homicidios y desaparecidos no han cesado.
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El momento más crítico se dio el fin de semana entre el 25 y el 26 de marzo de 2022, registrándose un alza brutal de personas asesinadas de forma violenta, mayor incluso que los datos históricos registrados en El Salvador desde 2015, cuando se tuvo en un tan solo día 51 homicidios. Más de 60 personas murieron de forma indiscriminada en las calles a manos de supuestos pandilleros. Se trató de un fin de semana sangriento, de hecho el más mortífero desde que la guerra civil terminó en El Salvador.
Los esfuerzos de la Policía y del Ejército y la millonaria inversión que Bukele destinó a la seguridad parecen ínfimos ante la escalada de violencia, un hecho que también es cuestionado por la oposición política de falta de transparencia y rendición de cuentas del dinero avalado en créditos para incrementar la seguridad.
El 11 de mayo de 2021, once días después de haber tomado posesión de sus cargos, la bancada de diputados del partido oficialista presionaron el botón para autorizarle al gobierno de Bukele el préstamo de $109 millones para la III Fase del Plan Control Territorial, mismo que confrontó al mandatario con la anterior legislatura al incursionar con militares y policías armados en la Asamblea Legislativa.
Solo entre las fases I, II y III el Ejecutivo tiene a su disposición más de $300 millones, y esto sin contar que el plan en sí abarca 7 etapas. El gobierno ha expresado anteriormente que la inversión total rondaría en casi $600 millones.
La primera fase del Plan Control Territorial arrancó el 20 de junio de 2019, para esa fecha el gobierno ya contaba con $53.6 millones reorientados por la anterior legislatura para seguridad pública, de fondos provenientes de la Contribución Especial de Grandes Contribuyentes y de excedentes de ingresos corrientes.
Según un informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) titulado “incrementos sustanciales 2020 en seguridad y justicia” detalla que entre julio y diciembre de 2020 para el ramo de Seguridad Pública se reorientaron $61.8 millones, de ese monto se destinaron $10.1 millones para el Ministerio de la Defensa Nacional. Esta cifra sumada a los $53.6 millones que ya tenían desde 2019 significa que el gobierno tuvo a su disposición $115.4 millones de reorientaciones y excedentes para seguridad.
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Luego para la segunda fase del Plan Control Territorial la Asamblea aprobó otro empréstito por $91 millones, más los $109 millones que fueron avalados el 11 de mayo de 2021, siendo así que desde 2019 hasta 2021 el monto para seguridad pública supera los $300 millones. “Si nos ha vendido el gobierno consistentemente en los tuits, en las conferencias, en sus diferentes posturas aquí en la Asamblea Legislativa que está funcionando el Plan Control Territorial porque no hay homicidios en el país, entonces creo que esto pone en jaque realmente al gobierno y esperaría que aprendieran la lección de que tienen que ser más transparentes con la población”, cuestionó el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, tras la escalada de violencia fatídica del 25 y 26 de marzo.
El diputado dejó entrever que el Plan Control Territorial ha fallado y lamentó que se haya destinado millonarios fondos para algo que no funcionó y de lo que tampoco se tiene claridad del uso del dinero.
“Entiendo que el Plan tiene varias fases, hemos conocido creo que 4 de las 7 supuestas fases, pero no hay claridad y cómo le digo se maneja hipótesis de una posible negociación del gobierno con las pandillas y que estos asesinatos responden a un mensaje de las pandillas de presión hacia el gobierno”, valoró el diputado.