Jonatan Vladimir Pineda, de 24 años, trabajó durante lo más duro de la pandemia del covid-19 en el hospital El Salvador, a través de una empresa subcontratada que brindaba servicios de limpieza. Ahora se encuentra entre las rejas en el penal de Mariona, asegura su madre.
La policía lo capturó el 11 de junio pasado, en el marco del régimen de excepción, cuando había salido a cortarse el cabello.
Dinora, la madre de Jonatan, asegura que su hijo nunca había tenido problemas con las autoridades y tampoco tiene tatuajes que lo vinculen con las pandillas.
Es por eso que Dinora salió este martes en la madrugada desde Ahuachapán para participar en una marcha de familiares de capturados durante el régimen de excepción, que recorrió desde el monumento a la Constitución hasta la plaza Salvador del Mundo, en la capital.
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La madre de Jonatan portaba un cartel con las fotos de su hijo donde se le ve ataviado con un traje de protección sanitario junto a la frase: “Quiero libertad para mi hijo”.
En otro extremo marchó Cristina de Guevara, la esposa de William Guevara, quien también considera que su pareja es inocente.
Guevara, padre de una señorita y un joven, fue capturado en la comunidad San Luis el pasado 5 de julio. Desde entonces ha permanecido, primero, en el penal de Izalco, y desde hace una semana en el penal de Mariona.
Cristina comentó que su esposo tenía un car wash y fue de ahí de donde se lo llevaron con la excusa de que su vehículo tenía un reporte.
Después, los policías le dijeron que sería capturado por el delito de asociaciones ilícitas.
Cristina sospecha que su esposo fue capturado solo por vivir en una zona catalogada como marginal.
“Los que sufrimos siempre somos los pobres, esto no es justo”, se lamentó la mujer, quien fue acompañada a la marcha por dos familiares más.
“Sentimos que ya no podemos más. Necesitamos que la gente inocente salga en libertad”, agregó.
Apoyo de movimientos
La marcha de los familiares de los capturados durante el régimen fue apoyada por representantes del Movimiento Independiente, quienes buscan convertirse en un partido político y del denominado Bloque de resistencia y rebeldía popular.
Paul Monroy, de dicho movimiento, explicó que han brindado apoyo para que los familiares de los capturados se organicen para realizar estas actividades: “El requisito es que sean familiares de gente que no tenga vínculos con pandillas”.
Agregó que entre los logros, que según él han tenido, está la liberación de un trabajador de Casa Presidencial, sin detallar el caso.
Por su parte, Sonia Urrutia, del Bloque de resistencia y rebeldía popular, dijo que se han solidarizado con los familiares de las víctimas del régimen de excepción, que solo busca fortalecer el proyecto autoritario del “clan Bukele”.
Urrutia agregó que se han violado los derechos constitucionales de toda una población.
“Exigimos a este gobierno que autorice la libertad de los presos inocentes”, agregó.
En contraste, horas antes, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en un programa televisivo que las autoridades “se van a encargar que los 49,000 terroristas (capturados en el régimen de excepción) no vuelvan a la sociedad”.
“Actualmente ya tenemos control judicial para más de 42,000 capturados”, agregó.
El primer informe sobre violaciones a derechos humanos cometidos durante el régimen de excepción del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH, reveló que entre las violaciones cometidas en el régimen está la falta de condiciones para que las personas capturadas sean juzgadas por tribunales independientes e imparciales.
El documento del Observatorio añade que en las audiencias se les niega la palabra a los defensores y los jueces no valoran la documentación presentada por la defensa de los capturados.