La semana pasada la Corte Suprema de Justicia le comunicó a Wilson Sandoval, Coordinador de ALAC El Salvador, FUNDE, Capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador, que no puede entregarle los datos que solicitó para conocer a los nuevos operadores de justicia que han ingresado después de las reformas que hizo la Asamblea a la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
"Solicitamos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública que se entregara información de jueces y magistrados, de los traslados que se han hecho a partir de las reformas, son más de 100 operadores de justicia que se fueron del Órgano Judicial después de la reforma", explicó Sandoval este jueves en la entrevista de la Radio YSUCA.
El año pasado la Asamblea retiró de forma obligatoria mediante reformas a la Ley Orgánica de la Corte Suprema a decenas de jueces mayores de 60 años de edad y con más de 30 años de servicio.
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Según dijo Sandoval, la preocupación es conocer los nuevos rostros de quienes imparten justicia, sino están involucrados en casos de corrupción o nepotismo, además, porque es una información que la ley contempla como pública.
"Nos preocupaba ver quiénes son los nuevos rostros, que no estuvieran manchados de corrupción. La Corte Suprema de Justicia nos respondió la semana pasada que esa información no podía ser entregada", lamentó Sandoval.
Añadió que los rostros, nombres y su hoja de vida es información que nunca se ha negado porque la Ley de Acceso a la Información las determina públicas desde 2013.
"Esto es preocupante porque el rostro de un juez que imparte justicia no puede ser oculto. El ser oculto nos recuerda una época como la Edad Media que no se conocían. Es un retroceso grave", argumentó.
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El argumento de la Corte Suprema es que no se pueden entregar por cuestiones de seguridad, pero de acuerdo a Sandoval, esa justificación no es válida, ya que desde la perspectiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido a nivel de América Latina que el tema de seguridad no puede ser una justificación para no conocer el nombre de un servidor público.
Aparte porque desde que una persona asume un cargo público, sabe que su información será del dominio público, porque es la única forma en que la ciudadanía puede verificar que ese funcionario es una persona que no ha cometido ilícitos, ahondó.
"No es un acto malicioso, es la única forma que tenemos para constatar que los jueces actúen conforme con la ley. No puede esconderse (la información) es un derecho humano saber quién nos juzgará y quien impartirá justicia. Pueden ser casos que van desde un tema laboral hasta penal, de familia, entre otros. No podemos ignorarla", señaló Sandoval.
El experto en transparencia recordó la relevancia de cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que que gracias a esa normativa vigente desde 2013 se pudo conocer actos de corrupción de gobiernos anteriores.
"¿Para qué nos sirvió el derecho a la información pública? Así nos dimos cuenta de la compra de alcohol o cuadros de arte en la Asamblea o pines de oro en la Corte Suprema de Justicia. La Información Pública sí tiene un efecto para controlar la corrupción", razonó Sandoval.