“En El Salvador nunca se combatió la corrupción y mucho menos contra funcionarios del mismo partido del Gobierno”, expresó el presidente Nayib Bukele tras la captura de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano.
Sin embargo, atacar la corrupción de su mismo gabinete es una de las grandes deudas de Bukele a la fecha.
Tanto el Departamento del Tesoro de EE.UU., mediante la Ley Magnitsky, y el Departamento de Estado, a través de la Lista Engel, así como diferentes investigaciones periodísticas han revelado diversos actos de corrupción en los que presuntamente están involucrados funcionarios del actual gobierno, quienes aún siguen teniendo la confianza del mandatario y contra quienes la Fiscalía General no ha iniciado ninguna investigación.
Rostros de señalados de corrupción
Una de ellas es la comisionada presidencial, Carolina Recinos, quien se ha convertido en el rostro más conocido por señalamientos relacionados a actos de corrupción durante el gobierno de Bukele.
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Recinos es señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser la jefa de un esquema de corrupción que realizó adquisiciones sospechosas en la construcción del hospital El Salvador y que además ordenó a los ministros a realizar compras “sospechosas” de insumos para enfrentar la pandemia del covid-19.
Además, Recinos es señalada por las autoridades estadounidenses de dirigir un esquema de corrupción en el que las canastas de alimentos compradas por el gobierno para los afectados por la pandemia fueron desviadas para el uso de candidatos específicos de Nuevas Ideas, con el fin de obtener apoyo en las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021.
Otro de los funcionarios designados por actos de corrupción, que gozan de la simpatía del presidente Bukele, es Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, quien también ocupa el cargo de viceministro de Justicia y Seguridad Pública
Luna ha sido designado en la Lista Engel por el Departamento de Estado de EE.UU. porque “ha incurrido en importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato”, según la entidad estadounidense.
En agosto de 2020, una investigación de la Revista Factum reveló que Luna utilizó 8.5 millones de dólares de las tiendas penitenciarias de manera ilegal. El funcionario no trasladó el dinero a Hacienda, como indica la ley, ni tampoco rindió cuentas sobre cómo se ocupó ese dinero.
Luego Luna Meza vendió 38,500 botellas de aceite y 42,909 sacos de alimentos (arroz, azúcar y frijol) del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), según una investigación publicada por El Faro en septiembre de 2021.
Las negociaciones fueron documentados por la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de escuchas telefónicas, documentos oficiales sobre los controles de entrega de los paquetes PES y seguimientos encubiertos a los vehículos y furgones usados para el trasiego de alimentos en la Granja Penitenciaria de Santa Ana y en el Centro de Detención Menor (CDM) del penal La Esperanza, publicó el medio.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, es otro de los funcionarios señalados por corrupción.
Según una investigación de la revista Gato Encerrado, el 17 de abril de 2020 el ministro de Salud, Francisco Alabí, autorizó y compró botas de hule para personal médico por un monto 225 mil dólares a una empresa de repuestos para vehículos llamada Autodo S.A de C.V.
La investigación de Gato Encerrado detalló que esa empresa es dirigida por Celina Quiñónez, prima política de Alabí y sus dos primos hermanos: José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñonez.
El 12 de noviembre de 2020 cuatro fiscales de la dirección contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía anterior confirmaron que estaban investigando 17 casos de presunta corrupción por contratos y compras irregulares realizadas por el gobierno de Nayib Bukele en medio de la emergencia sanitaria por covid-19, entre esos, la compra de las botas de hule, reveló el medio.
Sin embargo, el día que la Fiscalía allanó las instalaciones del Ministerio de Salud se enfrentó con bloqueos y obstaculización por parte de la Policía Nacional Civil. En ese momento, los fiscales denunciaron que fueron intimidados por el subdirector de investigaciones de la Policía, Douglas García Funes.
Otros funcionarios que también han sido señalados por EE.UU. de cometer corrupción han sido el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro.
Carolina Recinos, comisionada presidencial
La comisionada presidencial es señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser la jefa de un esquema de corrupción que realizó adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital (El Salvador), además de ordenar a varios ministros del gobierno de Bukele para que autorizaran varias compras sospechosas relacionadas con la pandemia.
Según la información publicada por el Gobierno de los Estados Unidos, Recinos junto a otros funcionarios de la administración Bukele revendieron equipo de protección donado y otra ayuda médica para beneficio personal.
Además, Recinos es señalada de dirigir un esquema de corrupción en el que las canastas de alimentos compradas por el gobierno destinadas al alivio de covid-19 fueron desviadas para el uso de candidatos específicos de Nuevas Ideas, para obtener apoyo en las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021.
En otro caso de presunta corrupción, la Revista Factum reveló en septiembre de este año que Recinos le otorgó a su nuera Karen Alvarenga de Bernal una beca financiada con recursos del gobierno para que estudiara una maestría en Rusia por un monto de $25,200.
Este supuesto favorecimiento lo hizo en su calidad de coordinadora del consejo de administración del Fondo especial de los recursos provenientes de la privatización de ANTEL (FANTEL).
Pero la nuera no es la única familiar de Recinos que se habría beneficiado de fondos públicos. En febrero de 2020, el medio digital El Faro publicó que Susana Elizabeth Recinos Montes, hermana de la comisionada presidencial, obtuvo un crédito por poco más de $22,000 del Banco de Desarrollo Social, financiado con dinero del Estado, a pesar de que su junta directiva advirtió del evidente conflicto de interés.
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Christian Guevara, diputado de Nuevas Indeas
Según el periódico El Faro, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) otorgó 1,092,644 dólares en contratos de emergencia por la covid-19 a Aire Frío de El Salvador S.A. de C.V, una empresa fundada por el diputado de Nuevas Ideas, cuando era candidato.
Los contratos fueron para suministrar con equipos de aire acondicionado e instalaciones eléctricas a hospitales y oficinas de Gobierno. Seis de esos ocho contratos con el MOP ocurrieron cuando Guevara era director secretario de la Junta Directiva de Aire Frío y candidato a diputado.
Guevara también ha sido designado por Estados Unidos dentro de su lista de actores corruptos y antidemocráticos por “debilitar el proceso democrático” al promover una mordaza contra los medios de comunicación.
En abril, en el contexto del régimen de excepción, Guevara introdujo una reforma que castiga con cárcel a periodistas que circulen información producida por pandillas que pueda generar “pánico y zozobra”. Esto fue considerado por Estados Unidos “un intento claro de censurar a los medios”. Organizaciones que defienden la libertad de prensa dentro y fuera del país lo consideraron una “mordaza” y otro ataque a los medios de comunicación independientes.
Osiris Luna, director de Centrso Penales
El 1 de julio de 2021, Osiris Luna fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado por actos de corrupción y en diciembre de ese mismo año fue señalado por el Departamento del Tesoro de facilitar negociaciones entre el gobierno de El Salvador y pandillas para reducir homicidios.
En agosto de 2020, una investigación de la Revista Factum reveló que Luna utilizó 8.5 millones de dólares de las tiendas penitenciarias de manera ilegal. El funcionario no trasladó el dinero a Hacienda, como indica la ley, ni tampoco rindió cuentas sobre cómo se ocupó ese dinero.
Luna, quien además funge como el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, vendió 38,500 botellas de aceite y 42,909 sacos de alimentos (arroz, azúcar y frijol) del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), según una investigación publicada por medio digital El Faro en septiembre de 2021.
La publicación periodística está basada en documentos de la Fiscalía General de la República, que indican que los productos que estaban destinados para los afectados por la pandemia de la Covid-19, fueron vendidos por Luna por un monto de $1,609,087.50
De acuerdo a la publicación, Luna contó con el apoyo de su madre, Alma Yanira Meza Olivares, y un empleado de confianza, para vender los alimentos al comerciante Ismael Oliverio Martínez Arévalo.
Además, en abril de este año, El Faro también publicó una segunda investigación en la cual Luna habría gastado $278,000 en supervisores fantasmas, quienes cobraban salarios “desproporcionados” a cambio de entregar dinero a Luna.
El medio reveló que los supervisores fueron contratados por Luna en plaza fantasmas, sin funciones específicas según los manuales operativos de la Dirección de Centros Penales, y cobraban salarios que oscilaban entre los $1,526 y $3,333 mensuales.
Francisco Alabí, Ministro de Salud
El ministro de Salud, Francisco Alabí, es otro de los funcionarios señalados por presunta corrupción.
Según una investigación de la revista Gato Encerrado, el 17 de abril de 2020, el ministro de Salud autorizó y compró botas de hule para personal médico por un monto 225 mil dólares a una empresa de repuestos para vehículos llamada Autodo S.A de C.V.
Según la publicación de dicho medio, esa empresa es dirigida por Celina Quiñonez, prima política de Alabí y sus dos primos hermanos: José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñonez.
Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social
El pasado 17 de mayo, El Faro publicó audios en los que el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, explicaba a un cabecilla de la MS-13 que él había liberado al pandillero apodado “Crook”. En el audio el funcionario explicó que lo transportó hacia Guatemala.
Élmer Canales Rivera, alias Crook, está condenado a 40 años de prisión por homicidio y conspiración de homicidio en perjuicio de dos miembros de su pandilla.