José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), criticó la postura del gobierno de Nayib Bukele de no tomar con seriedad la información divulgada en la lista Engel, en la cual el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido a funcionarios vinculados a dicha gestión salvadoreña y allegados al partido oficialista.
"En cualquier gobierno funcional, la lista debería ser motivo de preocupación y vergüenza, pero para los autoritarios y corruptos de El Salvador y Centroamérica es hasta motivo de orgullo", afirmó.
En la nueva nómina oficializada por el gobierno estadounidense el miércoles figuran Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de la Presidencia, y Javier Argueta, quien ha fungido como asesor jurídico de Casa Presidencial, así como Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista, y Will Salgado, alcalde de San Miguel.
Dichas figuras públicas de El Salvador han sido designadas en la “Sección 353 B de actores corruptos o antidemocráticos” de Centroamérica, conocida como Lista Engel y a quienes las autoridades del país norteamericano han retirado la visa.
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"Creo que por ahora mecanismos sancionatorios externos como este, son de las pocas maneras de registrar los acelerados retrocesos democráticos y señalamientos de corrupción de este gobierno ante la captura o el silencio de toda la institucionalidad de control", señaló Marinero al referirse al desmantelamiento del Órgano Judicial y de la Fiscalía General de la República por parte de la fracción legislativa de Bukele cuando esta tomó posesión el 1 de mayo de 2021.
En ese sentido, también comentó que la lista Engel "señala a un asesor sin responsabilidad política formal como arquitecto del desmantelamiento de la Sala y de la FGR. Aunque la decisión seguramente no fue suya, su contribución se reconoce como instrumental para este atentado a la independencia judicial".
Al igual como lo han externado otros abogados, analistas y expertos en transparencia, Marinero lamentó que los indicios señalados en la nómina estadounidense no sean motivos de investigación por parte de las autoridades.
Incluso Marinero ve "imposible" que en El Salvador se desarrolle "una investigación objetiva" sobre los casos divulgados por el Departamento de Estado debido al control que ejerce el Ejecutivo sobre el Judicial y la Fiscalía. Él recordó los hallazgos que hizo la CICIES sobre presuntas irregularidades detectadas en esta gestión que no han tenido eco en el ministerio público.
"El gobierno no solo ha nombrado a su propio Fiscal General -al que en un primero momento impuso en contravención a la Constitución- sino también ha avanzado en desmontar las capacidades de lucha contra la corrupción que tuvo la FGR y la persecución de los fiscales que pertenecieron a las unidades especializadas, sino también expulsó a la CICIES y enterró los casos que esta estaba investigando. Y por supuesto, ataca y estigmatiza a cuanto medio u organización se atreva a señalar hechos de corrupción en el gobierno", concluyó.
Además de las personalidades cercanas a Bukele, Estados Unidos también agregó a la lista Engel a René Figueroa y a su esposa, el primero exministro de la gestión de Antonio Saca.