Cinco líderes de la comunidad Santa Marta enfrentarán la audiencia inicial ante un juez hoy en el Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador, informó el abogado Denis Muñoz.
Los imputados, capturados el pasado 11 de enero, son Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de llevarse por la fuerza y asesinar a María Inés Alvarenga Leiva, en agosto de 1989.
Por ese mismo caso también ha sido capturado Raúl Dolores Recinos Alas, quien fue miembro de la Resistencia Nacional (RN), una de las cinco organizaciones que formaban el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertido en partido político luego de los Acuerdos de Paz firmados en México, el 16 de enero de 1992. Este imputado, según la acusación fiscal, era el comandante de la RN responsable militar de la zona de Santa Marta.
Durante la guerra, Recinos Alas fue conocido con el seudónimo de “Comandante Hércules”. Posterior a la desmovilización de la guerrilla, esta persona fue contratada como asesor en el ministerio de Seguridad por varios períodos.
La Fiscalía también ha acusado a Eduardo Sancho, conocido también como Fermán Cienfuegos, firmante de los Acuerdos de Paz y quien no ha sido capturado.
La participación de este último sería a nivel de “comisión por omisión”, pues, según el testimonio de un exguerrillero denominado como testigo con clave “Soriano”, Sancho fue quien supuestamente dio la orden de retener y torturar a Alvarenga Leiva, pues era el jefe máximo de la RN, aunque a la fecha de los hechos estaba en las montañas del departamento de Morazán.
El octavo acusado es Arturo Serrano Ascencio, quien vive en Estados Unidos. A los ocho también se les acusa del asociaciones ilícitas.
Un caso endeble, afirma abogado
En opinión del abogado Muñoz, el caso de las detenciones de los líderes comunales no tiene los suficientes indicios para dar robustez a la acusación, pero se convierte también en una prueba para el sistema judicial.
Relacionó como ejemplo que Alvarenga Leiva fue desaparecida por sus captores, pero cuatro años después las autoridades declararon su “muerte presunta”, es decir, su cuerpo no fue encontrado y todos los indicios apuntaban a que murió. Sólo el testigo “Soriano” asegura que fue asesinada a balazos.
En la denuncia interpuesta por un familiar de Alvarenga Leiva también se menciona a una exguerrillera que reveló a otra familiar de la víctima el lugar donde fue enterrada. Sin embargo, la familia hizo una búsqueda en el lugar y no encontró indicios del cadáver.
Muñoz dijo también que en la acusación fiscal hay varias contradicciones, y como ejemplo que, según los archivos de la Fuerza Armada, no hay registro de “respecto a organización o brazo armado del FMLN que operaba en los sectores de Santa Marta en Victoria Cabañas”, no obstante que se afirma en el resto del documento que en Santa Marta operaba la RN.
La audiencia inicial no se realizará en la sede del Juzgado de Paz de Victoria, debido a que la Fiscalía solicitó que la misma se realizara en el Centro Judicial Isidro Menéndez “por seguridad de las partes”.
En opinión de vecinos de la comunidad Santa Marta, al no realizar la audiencia en la ciudad de Victoria lo que realmente demuestran es que temen a la movilización de vecinos de la comunidad Santa Marta que por años ha luchado por su propio desarrollo, contra la minería y en favor del derecho al agua.
Miembros de la Asociación de Desarrollo (Ades) de Santa Marta consideran que las capturas de los líderes comunales persiguen la desintegración de las asociaciones de desarrollo comunal, especialmente la de Santa Marta, como una manera de desarticular la resistencia contra la minería metálica.
“Tenemos indicios de que desde hace aproximadamente un año, hay intentos de que algunos proyectos mineros vuelvan a reactivarse”, afirmó una vecina de Santa Marta.