“Con lo del vicepresidente, pues sin palabras, no sé en qué país vive, no sé de qué país llegó a hablar”. Así reaccionó el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, en relación a las palabras que pronunció este jueves el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en una conferencia sobre seguridad digital y libertad de prensa, que fue organizada por la UNESCO y la Embajada de Gran Bretaña.
El funcionario dijo que en el país hay avances en cuanto a libertad de prensa, expresión y acceso a la información pública y que supuestamente estos van ser fortalecidos a través de las reformas a la Constitución que ha planteado él a través de su equipo Ad Hoc.
“Creo que hay una concepción muy primitiva de los gobernantes sobre el acceso a la información y a la libertad de prensa en el sentido de que ellos creen que hay libertad de expresión porque aquí nadie está detenido por expresarse”, señaló.
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Escobar criticó que “ellos no se ponen a ver cuáles son las consecuencias indebidas que se generan cuando uno expresa opinión”.
Subrayó que en una sociedad democrática “yo puedo expresarme y estoy a salvo de que no va a haber represalias contra mi persona por haber dicho esto, que no voy a recibir ataques e insultos por lo que yo haya dicho, pero eso no sucede acá”.
“Acá comenzando por el mismo presidente Nayib Bukele, sus funcionarios y diputados si uno dice algo viene un ataque indebido contra las personas que han pronunciado eso, por eso dijo no sé en qué país vive el vicepresidente al decir que todo está bien”, apuntó.
Respecto al supuesto fortalecimiento del derecho a la información y expresión con la modificación constitucional, Escobar dijo: “no sé qué derecho van a regular si nos están limitando el ejercicio de ese derecho (Acceso a la información)”.
Las declaraciones de Ulloa son contrarias a lo que dicen los datos del Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que reflejan que en 2021 las agresiones a periodistas salvadoreños casi se duplicaron a las del 2020.
Expertos en transparencia también han indicado que en el país hay profundos retrocesos en el acceso a la información pública. Entre ellos, abusos de reserva de información, una captura del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y una propuesta de reformas a la Ley de Acceso a la Información que amenaza con dejarla inutilizable.