El mismo esquema aprobado por la Asamblea el 30 de noviembre, en la “Ley Especial para la Contratación de Obra Pública con Financiamiento Incluido”, plantea la posibilidad que las empresas que ejecuten proyectos de infraestructura públicos “inflen” los cotos de las obras, advirtió el economista Rafael Lemus.
Según el profesional, la nueva normativa elimina la competencia y permite adjudicar las obras “a dedo” al obviar la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Entonces, “se deja la facilidad de que pueda haber ajustes de precios cuando sean mayores del 15% de aumento de los precios en costos. ¿Qué haría un contratista? Hacer una oferta ya curándose en salud y poner aumento de precios hasta 15%, porque si pasan del 15% puede pedir revisión de ajustes de precios y de costos”, argumentó Lemus.
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“Esto le da mucho margen de flexibilidad al contratista. Temo que no hay como una razón por la cual hacemos esto. ¿Lo hacemos por eficiencia económica? No deberíamos dar estas concesiones. ¿Lo hacemos porque ya no tenemos financiamiento para hacer estos proyectos? Si es eso, igual vamos a terminar haciendo procesos de aumento de deuda”, agregó Lemus.
Señaló que aunque el gobierno no adquiera préstamos para hacer las obras, pues la nueva ley deja esa facultad a que las firmas decidan el costo de las obras y la forma de financiamiento, lo complejo de esto es que siempre se realiza un convenio con la empresa y se corre el riesgo de que la misma no logre conseguir los fondos.
Según dijo, el gobierno no está buscando ni la eficiencia ni tampoco el financiamiento más barato, “porque ese más barato son organismos y concesionarios como el Banco Mundial, que no creo que un privado tenga acceso a esos términos tan blandos”, añadió.
Pero no solo eso. Lemus dice que la empresa designada para ejecutar las obras sin haber pasado por procesos de competencia como lo establece la LACAP tendrá una flexibilidad extrema hasta de ceder las concesiones de la infraestructura a terceros.
“Se le puede dar un contrato a una persona a dedo y de remate puede cederlo a un tercero, puede además subcontratar, este esquema da inseguridad”, lamentó Lemus.
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Mientras que Wilson Sandoval, Coordinador de ALAC El Salvador-FUNDE, manifestó que las empresas son las que estarían proponiendo cuánto es lo que se necesita para ejecutar una obra y no el Estado.
“Allí puede haber una situación complicada, ya que en ese sentido puede haber un abuso de parte de las empresas, de cuánto debería o no costar una obra”, analizó.
Explicó que esto se reduce la competencia, fraccionando el mercado solo para las empresas que tengan posibilidad financiera de ejecutar los proyectos.