A juicio de Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, si se llega a comprobar que ha habido una práctica sistemática de desapariciones, tortura y capturas arbitrarias durante el régimen de excepción, funcionarios salvadoreños se exponen a procesos penales internacionales, dijo Leonor Arteaga en una entrevista con El Diario de Hoy.
Esto, pues estarían incurriendo en “crímenes internacionales”. Es decir, una categoría especial de hechos que pueden ser perseguidos en cualquier parte del mundo gracias a tratados internacionales. El Salvador, por ejemplo, está suscrito al Estatuto de Roma que da vida a la Corte Penal Internacional, la cual conoce, investiga y juzga este tipo de crímenes.
Arteaga explica que esta categoría de “crímenes internacionales” engloba tres grandes categorías: “el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de esa humanidad”. Ella agrega que los primeros dos no están ocurriendo en El Salvador.
Sin embargo, se detuvo a hablar sobre los crímenes de esa humanidad. Según la experta, estos comprenden, por ejemplo, “tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual”.
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Para ser considerados crímenes de lesa humanidad, añade, debe comprobarse que suceden “en un contexto generalizado, se cometen de manera sistemática y forman parte de un patrón o de una política deliberada donde el Estado mismo tiene conocimiento de ella o incluso la ha ordenado”.
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Desde que se decretó el régimen de excepción el 27 de marzo, según Leonor Arteaga ha habido “miles y miles de detenciones que tienen características arbitrarias dentro del estado de excepción”.
Además las consideró desapariciones. Esto, porque “las detenciones secretas, donde a una persona se le captura y no se da información, se entienden como una modalidad de desaparición forzosa según la Convención Internacional de Protección contra la desaparición”.
Para la experta de la DPLF, también hay indicios de posibles torturas y muertes en prisiones.
Todos estos, señala, “no son casos aislados: estamos viendo que hay no solo un decreto (de régimen de excepción), sino que hay mensajes todo el tiempo desde el presidente hasta sus funcionarios más cercanos, el director de la Policía o el ministro de Defensa”.
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Esto indicaría, a juicio de Arteaga, que hay directrices claras y un plan para que todo esto se esté ejecutando, y no acciones aisladas de un policía o un soldado.
“Entonces estamos empezando a analizar y a debatir si esto que estoy comentando podría empezar a caracterizarse como crímenes de lesa humanidad”, señala.
De comprobarse estas prácticas, los funcionarios que ordenen, avalen y ejecuten estos actos podrían enfrentar sanciones penales individualizadas, explica.
Esto, además, los vuelve parias internacionales y abre las puertas no solo a condenas sino a sanciones morales y sociales, resalta la experta.
“Uno de los efectos de la justicia internacional no es solo el resultado jurídico, sino también la identificación de quiénes son responsables a nivel social, político internacional. Es decir, hay que crecer esta conciencia moral de que este tipo de actos deben ser rechazados. Más allá de que se logre una condena, es importante que se perfile quiénes son estas personas y socialmente se les rechace”, sentencia.
Finalmente, Arteaga reconoce que es fundamental que el Estado combata firmemente a las pandillas y admite que es un clamor ciudadano. “Pero eso no significa que la población está necesariamente a favor de de violaciones de derechos humanos”, dice.