La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador dejó sin efecto la libertad condicional que el Juzgado Segundo de Instrucción le concedió en enero pasado al exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde y al subcomisionado de la policía, Ramón Fernando Roque Mártir.
Pese a la orden judicial, el exfuncionario y el oficial de la policía nunca salieron en libertad porque la Fiscalía presentó una apelación contra la decisión del tribunal.
Ramírez Landaverde y Roque Mártir son acusados junto a otros 16 exfuncionarios y exempleados de Seguridad Pública, Centros Penales y de ANDA de desviar $14 millones de fondos de las tiendas penitenciarias a través de la organización no gubernamental Asocambio.
A Ramírez se le acusa de ser cómplice de esos supuestos actos de corrupción.
La Cámara consideró valedero el argumento de la Fiscalía de que estando en libertad ambos funcionarios podrían “obstaculizar” la investigación.
A juicio de los magistrados, la obstrucción de la investigación se “podría generar a través de la inducción al falso testimonio, no solo por razones de amistad o relaciones de compañerismo, sino mediante posibles amenazas, intimidaciones, y subordinación laboral, entre otros”.
El 14 de enero pasado, la jueza Edelmira Violeta Flores Orellana les concedió a los dos acusados que fueran procesados en libertad, pero con la condición de cumplir con una serie de normas de conducta.
Entre las medidas figuraban presentarse al juzgado, no salir del país, no cambiar de domicilio, fianza de $10,000 y no acercarse personas que están vinculadas al proceso, según el fiscal del caso.
La jueza ordenó que les colocaran brazaletes electrónicos a los dos acusados, pero en caso de que no hubiera disponibles, entonces la fianza se aumenta a $15,000 ó de lo contrario que permanecieran en arresto domiciliar en su lugar de trabajo.
Pedro Cruz, defensor de Ramírez Landaverde, calificó la resolución como “abiertamente injusta” porque está al margen de la ley y de los hechos del caso.
“Las motivaciones de esta resolución ciertamente no las encontramos en el ordenamiento jurídico que supuestamente nos rige ni en las reglas de un debido proceso constitucionalmente configurado”, dijo Cruz.
El abogado no descarta la posibilidad de acudir a un tribunal superior para tratar de revertir la detención preventiva de Ramírez Landaverde y de Roque Mártir.
“Seguiremos luchando en este caso, pues estamos seguros de que las leyes nos asisten y que nuestros clientes son absolutamente inocentes”, dijo Cruz.
Agregó: “sí nos desaniman este tipo de injusticias, pero a la vez nos fortalecen en el empeño de seguir luchando para que las cosas malas y conspirativas de este sistema de justicia sean superadas con base a la verdad, la justicia y la legalidad”.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con mayoría de magistrados afines al régimen de Bukele, removió a la jueza Flores Orellana y la envió a un juzgado de Mejicanos, sin que se conociera la justificación del traslado.