Tras una solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque resolvió extender el plazo de instrucción por seis meses, para que, supuestamente, el ente fiscal pueda fundamentar la investigación contra seis personas, activistas ambientales capturados el 18 de enero de este año.
Las personas detenidas han tenido un rol activo en Santa Marta contra empresas de minería.
La resolución judicial fue emitida el pasado 13 de julio, lo cual implica que la audiencia preliminar contra los seis ambientalistas de la Comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, se realizará hasta el próximo año.
“Rechazamos y condenamos enérgicamente la decisión del Juzgado de 1er Instancia de Sensuntepeque de extender por 6 meses la fase de instrucción del proceso penal contra nuestros líderes y postergar arbitrariamente la audiencia preliminar hasta 2024”
COMUNICADO COMUNIDAD SANTA MARTA
Los ambientalistas encarcelados desde enero de este año son: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, Teodoro Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas Ortega y Arturo Serrano Ascencio.
Dos más aún no han sido detenidos; ellos son Fidel Dolores Recinos Alas y José Eduardo Sancho Castaneda, el primero exdiputado del FMLN, en tanto que el segundo es firmante de los Acuerdos de Paz.
Todos son acusados de asesinar a una mujer en el marco del conflicto armado que El Salvador vivió entre 1980 y 1992. En el caso, la Fiscalía ha dicho que cuenta con la declaración de un testigo protegido, quien, de acuerdo con familiares de los detenidos, es un testigo de referencia, pariente de la supuesta víctima, quien dicen que le contaron cómo mataron a su familiar.
De acuerdo con fuentes allegadas al proceso, inicialmente, la etapa de instrucción finalizaba este mes de agosto, sin embargo, con la prórroga, la audiencia preliminar, en donde se decidiría judicialmente si el caso pasa a juicio, se estaría realizando aproximadamente en febrero de 2024.
La decisión judicial ha sido duramente criticada por vecinos de la Comunidad Santa Marta. “Rechazamos y condenamos enérgicamente la decisión del Juzgado de 1er Instancia de Sensuntepeque de extender por 6 meses la fase de instrucción del proceso penal contra nuestros líderes y postergar arbitrariamente la audiencia preliminar hasta 2024”, reza un tuit publicado, en el que adjuntan un comunicado.
En el boletín, la Comunidad asegura que la prórroga es innecesaria porque hasta la fecha, la Fiscalía no ha presentado pruebas reales contra los detenidos; además asegura que tampoco conseguirán las pruebas aunque alarguen el proceso. “Su única prueba son las declaraciones de un testigo criteriado”, aseguran.
“La postergación de la audiencia prolonga el sufrimiento de nuestros activistas ambientales encarcelados en condiciones inhumanas, y el de sus familias que no saben nada de ellos desde el 18 de enero”, dice el comunicado.
Los familiares y vecinos de los ambientalistas encarcelados también critican lo que ellos llaman “actitud dilatoria del mismo juzgado” respecto a la orden de un tribunal superior, emitida el pasado 30 de junio, para que se realice una audiencia especial de revisión de medidas, es decir, sobre la prisión preventiva dictada contra los ambientalistas. En el comunicado se exige a la jueza que realice lo más pronto posible tal audiencia.