El juez especializado de Sentencia A, de San Salvador, Godofredo Salazar Torres fue degradado a juez de primera instancia, tan solo dos días después de que enviara un oficio al director del centro penal de máxima seguridad, mejor conocido como Zacatraz, en la que le reiteraba que no debió haber permitido que Élmer Canales Rivera, alias Cruck o Ladrón, saliera en libertad, de acuerdo con una publicación de El Faro.
Canales Rivera, según autoridades salvadoreñas y de Estados Unidos, es un cabecilla con mando a nivel nacional e internacional, de la Mara Salvatrucha (MS-13), organización criminal que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró como una organización de crimen organizado transnacional.
Canales Rivera es uno de varios pandilleros que la justicia de Estados Unidos ha solicitado que le sea enviado en calidad de extraditado debido al cometimiento de delitos mientras estaba recluido en cárceles salvadoreñas.
De acuerdo con el reportaje de El Faro, firmado por la periodista Gabriela Cáceres, “El 29 de marzo de este año, el juez Salazar elaboró el oficio 901 para recordar al director del penal de Zacatecoluca, por segunda ocasión, que "Cruck" fue liberado a pesar de tener un proceso abierto y una condena vigente".
Para ese momento, el juez Salazar ya había perdido acceso al SIPE, porque Centros Penales desactivó el sistema de las computadoras de los jueces desde diciembre de 2021. Para elaborar el escrito, el juez utilizó la misma información que pudo recoger del sistema el 1 de junio de 2021, según confirmaron a El Faro las dos fuentes judiciales. El juez Salazar cerró el oficio 901 reiterando su petición de que el director de Zacatecoluca envíe el historial completo carcelario de Cruck, al que el juez ya no puede acceder desde su computadora”.
El 1 de abril, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trasladó al juez Salazar Torres al juzgado de primera instancia de Ilobasco, en el departamento de Cabañas, 55 kilómetros al norte de San Salvador.
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Previo a la decisión de la CSJ, impuesta por Bukele, de trasladar de Salazar Torres, el mandatario había escrito en Twitter: “Un juez intentó liberar 42 pandilleros de un caso del 2019, pero TODOS CONTINÚAN EN PRISIÓN y el caso pasará a una instancia superior. Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado”.
Un diputado de Nuevas Ideas, el partido oficialista, comentó el tuit de Bukele: “Un juez que defiende asesinos terroristas para dejarlos en libertad deben considerar si continúa en el ejercicio del derecho. Estoy 100% de acuerdo con El Presidente que en primera instancia deben ser investigados”, escribió Edgardo Mulato en la misma red social.
A pesar de los comentarios de Bukele y Mulato, el juez Salazar Torres ha condenado a varias estructuras pandilleriles, incluyendo al mismo cabecilla Canales Rivera a quien en diciembre de 2019 sentenció a 70 años de prisión; en la misma sentencia el juez ordenó a la Fiscalía “verificar la existencia de acercamientos de la pandilla MS con el actual gabinete de Gobierno”, según el reportaje de El Faro.
Salazar Torres no es el primer juez que es trasladado de manera arbitraria. A finales de diciembre, la jueza del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, Margarita Salgado, fue trasladada a un juzgado de paz de Panchimalco.
El traslado se realizó pocos días después de que la juzgadora no admitiera la demanda de la diputada Marcela Pineda, del partido Nuevas Ideas, contra la investigadora en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, a quien intentó acusar de difamación.
En septiembre de 2021, el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Juan Antonio Durán, fue trasladado a un tribunal de Zacatecoluca por criticar el golpe a la Sala de lo Constitucional y por oponerse a las reformas de la Ley de la Carrera Judicial.