El juez de Sentencia de Zacatecoluca, Juan Antonio Duran, valoró que el país enfrenta un problema de democracia y de constitucionalidad, y que la población ve “un espejismo” en el tema de seguridad a raíz de la propaganda que acompaña a las medidas de seguridad pública del régimen de excepción.
“Yo creo que en mucho el tema de la propaganda, pero también esa sensación o esa ilusión de seguridad. Es que estamos en presencia de la llamada dictadura perfecta. En el sentido que tiene todo el poder político, acumulado a puro golpe de Estado contra la Sala (de lo Constitucional), a golpe de Estado contra los jueces independientes”, dijo en la entrevista de radio YSUCA este jueves.
Durán fue uno de los que criticó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de los diputados de Nuevas Ideas el 1 de mayo de 2021. “Cuando se remueve la Sala de lo Constitucional se dio un golpe a uno de los órganos fundamentales”, dijo.
El juez también considera que hay una cooptación del gobierno en las instituciones del Estado, además de la concentración del poder del uso de la fuerza del ejército y de la Policía Nacional Civil.
Con respecto a las disposiciones transitorias para procesar en grupo a los detenidos en el régimen de excepción y las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado impulsadas por el gobierno, aseguró que violentan los estándares internacionales no solo por los juicios masivos, sino por irrespetar el principio de inocencia.
"Eso contradice una serie de estándares internacionales sobre el procesamiento y juzgamiento de las personas. No solamente es el hecho de capturar por capturar",
Juan Antonio Durán, juez de sentencia de Zacatecoluca
Las disposiciones transitorias dan un plazo de 24 meses a la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar la agrupación de imputados por tipo de estructura criminal a la que supuestamente pertenecen. De acuerdo a cifras del gobierno, son más de 71,000 personas detenidas y habría juicios con hasta 900 imputados.
Indicó que al tener en grupo a los imputados, vestidos de blanco, sin posibilidad de acercamiento físico porque están detrás de una pantalla, “es bien difícil poder distinguir si alguien es o no responsable de los hechos”.
El juez comentó que con el régimen de excepción y las reformas en materia penal se ha invertido la carga probatoria, tomando como base la culpabilidad y dejando la responsabilidad de los detenidos en probar su inocencia.
“Aquí el asunto es al revés, hay una presunción de culpabilidad y se ha invertido el rol. Ahora el detenido se presume culpable y él debe probar que es inocente. Esa es una inversión de carga de prueba, porque al detenido ahora le corresponde probar no solo los arraigos, probar que él no es pandillero”,
Juan Antonio Durán, juez de Sentencia de Zacatecoluca
Agregó que las garantías se han revertido a favor del Estado “y en contra de ciudadanos” que también violenta aspectos de la democracia y el derecho. Y que las medidas extraordinarias no pasan por violentar los derechos humanos y el debido proceso.
Comentó que con el régimen de excepción se afecta a personas de escasos recursos económicos. "Pero más allá de estas posibilidades que pueden probarse, está la de la gente que ha sido detenida inocentemente, ¿qué se le va a imputar?, ¿el delito de portación de cara? Ahí hay un componente de aporofobia enorme, un componente de miedo o discriminación al pobre, porque ese ha sido el criterio", dijo.
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Además, dijo que se violenta el principio de responsabilidad individual de los imputados y de limitar el análisis de los jueces. "Porque para condenar a una persona hay que construir la culpabilidad a través del proceso, respetando las garantías básicas, la presunción de inocencia", agregó.
Durán indicó que el rol de los jueces también es contralora. "Preocuparse el juez por individualizar cuáles son las acciones de este sujeto procesado y verificar cuáles son las evidencias tanto de cargo y de descargo, no solamente decretarles detención porque así viene el requerimiento fiscal", afirmó.
Para los casos de personas que sean inocentes y resulten condenadas en estos procesos, consideró que habría que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durán espera que esta corte conozca el caso salvadoreño pronto. "Es un ejemplo para el mundo, pero es un ejemplo para mal", dijo.
Casos de torturas en penales
Por otro lado, Durán también señaló que habría una violación a las Reglas Mandela de Naciones Unidas sobre el tratamiento que debe dar el Estado a los privados de libertad, en referencia a los casos de torturas y muertes dentro de los centros penales.
“Al delincuente su castigo es la privación de la libertad, no se le priva de libertad para ser castigado dentro de la prisión. Adentro de la prisión se le debe someter a un tratamiento de readaptación, bajo un sistema que es el régimen penitenciario que tiene esa finalidad de readaptarlo y el otro que es un régimen disciplinario, porque también adentro de la prisión debe cumplir ciertas reglas”, expuso.
Criticó que la Fiscalía decidió archivar las denuncias de posibles homicidios y torturas dentro de las cárceles y lamentó que existe un discurso de odio, principalmente en redes sociales, que está vinculado a la propaganda y al tema de la reelección de Nayib Bukele en la presidencia. “Está vinculado con eso y animar ese odio, ese sentimiento de odio, construir ese resentimiento y ese odio hacia las personas detenidas”, expuso.
Durán sostuvo que la Constitución de la República contiene varios artículos referidos a la prohibición a la reelección inmediata.