El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decretó este viernes la detención preventiva para el expresidente Alfredo Cristiani y cinco acusados más en el caso Jesuitas.
El mismo tribunal ordenó procesar en libertad a cinco más y exoneró a otros dos que ya fallecieron.
La decisión del juez se conoció al finalizar la audiencia inicial que comenzó el jueves pasado contra 13 personas que la Fiscalía General acusa de tener diferente participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una colaboradora y su hija, perpetrado el 16 de noviembre de 1989 por un comando militar en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Al expresidente Cristiani, quien gobernó el país entre 1989 y 1994, le decretaron detención por no haberse presentado ni haber enviado a ningún defensor para que lo representara en la audiencia inicial. Se le atribuye el delito de “comisión por omisión” del hecho.
Los fiscales alegan que Cristiani supo que los altos mandos militares de ese época habían ordenado el asesinato del “padre Ellacuría y que no dejaran testigos”, pero que supuestamente no hizo nada para evitar la masacre.
Ante esa acusación fiscal, Cristiani respondió: “Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos. Tampoco hubo encubrimiento de mi parte…” (ver nota y comunicado oficial en páginas siguientes).
Incluso el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Benjamín Cuéllar, dijo recientemente en una entrevista televisiva que el expresidente Cristiani no dio la orden para asesinar a los jesuitas ni participó en reuniones de militares en las que se habría planificado el crimen.
Bajo ese mismo argumento, el juez decretó la detención para el coronel Inocente Orlando Montano, quien cumple una condena de 133 años de prisión en España por la masacre.
Además: Benjamín Cuéllar asegura que “Cristiani no da la orden” de asesinato de los jesuitas
“Este servidor (juez) ha tomado la decisión de decretar la detención provisional para esas dos personas. Voy a girar las órdenes de captura”, dijo el juez.
El funcionario ordenó detener al abogado y ex diputado por partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, y los coroneles, Nelson Iván López López, Joaquín Cerna Flores, Óscar León Linares, comandante del extinto batallón Atlacatl, unidad militar que perpetró la masacre.
El argumento principal del juez para ordenar las detenciones de estos últimos cuatro procesados es que ellos, aunque hayan enviado a sus abogados defensores para que los representaran en la audiencia inicial, no presentaron ninguna justificación de su ausencia a la diligencia judicial y “existe la posibilidad de que huyan de la justicia”, según dijo.
El funcionario resolvió además que cinco de los acusados sigan procesados en libertad. Cuatro de ellos tendrán que cumplir con las restricciones siguientes: presentarse cada 15 días al juzgado de Instrucción que sea asignado el proceso, no salir del país ni tampoco cambiar de domicilio.
El exjefe de la Fuerza Aérea, general Juan Rafael Bustillo y el coronel Camilo Hernández son dos de los procesados a quienes se les otorgó las medidas anteriores.
“Han demostrado que se someterán a la justicia. La voluntad y el deseo de demostrar que no tienen ninguna intención de burlar a la justicia, por lo tanto el peligro de fuga se desvanece”, dijo el juez.
Para tres de los procesados, el juzgador recurrió al Derecho Internacional Humanitario para favorecerlos con las medidas que sustituyen a la detención.
Señaló que el coronel Manuel Rivas Mejía fue operado para retirarle unas cataratas de sus ojos. A lo anterior se le suma que un cardiólogo certificó que Rivas tiene un alto riesgo de padecer de eventos cardiovasculares. “Se le imposibilitó acudir al llamado del juzgado. Su estado de salud no es el óptimo, no es el mejor”, dijo el juez.
Con la situación del general Juan Orlando Zepeda, el juzgador hizo el mismo razonamiento con el caso del coronel Rivas. Reveló que Zepeda, además de tener 77 años de edad, tiene enfermedades y está a la espera de que le programen una cirugía para poder controlar un posible cáncer en esa parte de su cuerpo, señaló.
“Es un acto sumamente humanitario. La mayoría de imputados están enfermos, unos más graves, otros menos, quizás por sus edades”, dijo el juez.
El general, Rafael Humberto Larios, quien fuera Ministro de Defensa cuando ocurrió la masacre, fue el más favorecido. Será siendo procesado en libertad, pero sin ninguna restricción.
El juzgador argumentó que al general Larios no lo mencionan que estuvo en la reunión donde supuestamente se dio la orden para asesinar a los sacerdotes Jesuitas.
“Ante esa debilidad de establecer su participación en el hecho es que le decreto Instrucción sin ninguna medida”, dijo el juez.
Resolvió además eliminar el delito de hurto agravado del maletín con fotografías y $5,000 que tenía el padre Ellacuría porque en ninguna parte de la acusación se señala quién fue el dio la orden de llevarse el mismo.
El exministro de Defensa, general René Emilio Ponce, y el coronel Francisco Helena Fuentes fueron exonerados de los cargos de asesinato, actos de terrorismo por estar fallecidos.