Interpol no colaborará para localizar a Alfredo Cristiani por considerar que “es un caso político”
Recientemente, la Fiscalía reiteró la acusación contra el expresidente y siete personas más, entre ellos militares.
La Policía Internacional (Interpol) se ha negado a cumplir las peticiones de las autoridades salvadoreñas para localizar al expresidente Cristiani porque considera que el caso tiene motivaciones políticas.
Así lo reveló el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante una entrevista por televisión.
Delgado manifestó que han solicitado ayuda a la Policía Internacional (Interpol) para la localización del expresidente Alfredo Cristiani, pero les informaron que “no procederán por tratarse de un caso político”.
En las últimas semanas, el gobierno ha tomado posesión de sus bienes (residencias, vehículos), así como cuentas bancarias y una droguería.
Al iniciarse los allanamientos, el fiscal acusó a Cristiani de enriquecerse mientras estuvo en el cargo (1989-1994). Sin embargo, no mostró ningún documento u orden judicial que fundamentara que se sigue un proceso formal contra él por ese motivo ni que avalara esas diligencias.
Cristiani es acusado además de participar en la planificación de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989 durante la ofensiva guerrillera.
Recientemente, la Fiscalía reiteró la acusación contra el expresidente y siete personas más, entre ellos varios militares.
El funcionario dijo que al no estar presente Cristiani, estaría renunciando al derecho a la defensa.
Por su parte, el exgobernante ha dicho anteriormente que “jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría y a sus hermanos”.
“Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos. Tampoco hubo encubrimiento de mi parte…”, enfatizó en un comunicado emitido el año anterior.
“El fiscal general, Rodolfo Delgado, impuesto por el actual gobierno ha pasado de la difamación y el acoso político mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades, en su empeño por desacreditar y destruir la democracia y el legado de los Acuerdos de Paz… El fiscal general, de mala fe y con claro desprecio a la verdad, me ha acusado públicamente de omisión y de encubrimiento”, dice.