De cara a la Cumbre de las Américas, que se inicia este martes, la organización humanitaria Human Rights Watch pidió a la administración Biden restablecer el acceso al asilo en la frontera estadounidense, dejar de ejercer presión sobre México para que impida que los migrantes lleguen a la frontera con Estados Unidos y colaborar con el gobierno mexicano y otros a fin de crear un plan regional integral para acceder a protección y para una migración segura y digna.
La entidad señaló que los solicitantes de asilo enfrentan abusos y dificultades para obtener protección o estatus legal como resultado de las políticas migratorias destinadas a impedir que lleguen a Estados Unidos.
Human Rights Watch indicó que al reunirse en Los Ángeles para la Cumbre de las Américas esta semana, los líderes de los países de la región deberían comprometerse a poner fin a políticas migratorias abusivas y a garantizar que quienes buscan protección sean recibidos en cualquier parte del continente.
“Las solicitudes de condición de refugiado y las aprehensiones de migrantes en México han aumentado de manera dramática mientras el presidente estadounidense Joe Biden ha continuado negando el acceso al asilo en la frontera sur de EE.UU. y ha presionado al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a intensificar los esfuerzos por detener la migración y aumentar las restricciones sobre quienes pueden ingresar a México o viajar dentro del país”, dice el más reciente informe de la organización.
Los migrantes que cruzan la frontera sur de México huyendo de violencia y persecución enfrentan abusos, demoras y dificultades para obtener protección y a menudo están obligados a esperar cerca de la frontera durante meses en condiciones inhumanas sin poder trabajar o encontrar dónde vivir, dice el documento. “Delegar la política migratoria estadounidense a México ha dado lugar a graves abusos y obligado a cientos de miles de personas a esperar en condiciones nefastas para solicitar protección”, manifestó Tyler Mattiace, investigador para las Américas de Human Rights Watch.
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“La Cumbre de las Américas es una oportunidad para que los líderes de la región, incluyendo a los presidentes Biden y (su colega mexicano Andrés Manuel) López Obrador, se comprometan a implementar un acuerdo regional migratorio que ponga fin a medidas de mano dura y priorice los derechos humanos”, dice el informe.
El gobierno de EE.UU. ha indicado que, durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, los países firmarán una declaración sobre migración y protección.
Para Human Rights Watch, cualquier acuerdo firmado debe incluir compromisos para restaurar y expandir el acceso a la protección en todo el continente y poner fin a aquellas políticas de control migratorio que han dado lugar a abusos.
El informe dice que los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a México a través de su frontera sur luchan por obtener protección o estatus legal y enfrentan dificultades para trabajar, acceder a servicios básicos y encontrar vivienda.
Según Human Rights Watch, el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó las restricciones para viajar hacia y dentro de México e intensificó los esfuerzos para detener a los inmigrantes indocumentados, desplegando casi 30,000 soldados junto con agentes del Instituto Nacional de Migración.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden , ha continuado con la política estadounidense de larga data de apoyarse fuertemente en México para reducir el número de migrantes .llegando a la frontera de EE. UU., continuando con muchas de las políticas abusivas del ex presidente Donald Trump en la frontera, dice el informe.
Según fuentes oficiales, en 2021, México aprehendió a 307,569 migrantes, la cifra más alta jamás registrada en el país. Un número récord de 130,863 personas también solicitaron la condición de refugiado en México en 2021, la tercera cantidad más elevada a nivel mundial según el organismo de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR. Hace una década, solamente unos pocos miles de personas presentaban solicitudes en México cada año.
La mayoría de quienes ingresan por la frontera sur son personas de América Central y el Caribe que no tienen visas para entrar a México. Casi todos manifestaron haber llegado huyendo de la violencia o la persecución en sus países de origen, pero no intentaron solicitar protección en un cruce fronterizo oficial por temor a ser deportados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), la autoridad migratoria mexicana.
La mayor parte de estas personas solicitaron la condición de refugiado una vez que estuvieron dentro de México. Algunos pocos señalaron haber buscado protección en la frontera y haber sido rechazados por agentes del INM o por guardias de seguridad privada. Muchos manifestaron que agentes del INM los habían disuadido de solicitar la condición de refugiado en México y los habían presionado a aceptar un retorno asistido a sus países.
El sistema de refugio de México se ha visto sobrepasado por el enorme crecimiento de la cantidad de solicitantes, pero, según HRW, el presupuesto destinado a la autoridad de refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no ha crecido al mismo ritmo, por lo cual hay un atraso cada vez mayor en las solicitudes de condición de refugiado que esperan ser resueltas.
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“La mayoría de los solicitantes de asilo dijeron que estaban huyendo de amenazas de muerte, extorsión y reclutamiento forzado por parte de pandillas o cárteles de narcotráfico en Honduras, Guatemala o El Salvador, o de persecución política y violaciones generalizadas de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, dice el informe.
Por su parte, altos oficiales del INM señalaron que no consideran que la mayoría de las personas que solicitan la condición de refugiado en México tengan solicitudes legítimas, pues no creen que realmente estén huyendo de contextos de violencia y persecución, o porque piensan que la mayoría preferiría solicitar asilo en EE.UU.
La organización humanitaria señala que en algunos casos, los esfuerzos para aprehender a migrantes indocumentados en México han desembocado en graves hechos de violencia e incluso muertes. En octubre de 2021, agentes de la Guardia Nacional abrieron fuego contra un camión que transportaba migrantes, en un presunto intento por detenerlos, asesinando a dos personas. Según reportes de prensa, los sobrevivientes afirmaron que los soldados habían intentado encubrir el hecho colocándole un arma a una de las víctimas y manifestando que habían disparado en defensa propia. Esta es una práctica común entre los soldados, ampliamente documentada. En marzo de 2021, soldados dispararon y mataron a un hombre guatemalteco que no se había detenido en un punto de control migratorio. En septiembre, agentes de inmigración fueron filmados dando puntapiés y golpeando a familias en una caravana de migrantes.
Según HRW, los migrantes y solicitantes de asilo deben poder solicitar protección a los agentes del INM en los cruces fronterizos o después de ingresar a México, de conformidad con el derecho mexicano e internacional. La ley prohíbe a los agentes rechazar a cualquier persona que haya planteado una solicitud de condición de refugiado o a cualquier persona cuya vida correría riesgo al ser devuelta a su país. A estas personas se les debe permitir ingresar y canalizar sus solicitudes.
Algunos migrantes dijeron a la organización que agentes mexicanos habían intentado disuadirlas de solicitar la condición de refugiado y que las habían presionado para aceptar el retorno asistido, aun cuando señalaron que correrían el riesgo de sufrir violencia o persecución en sus países de origen. Algunas expresaron que agentes les instruyeron firmar documentos de retorno asistido sin haberlos leído. Otras dijeron que los agentes habían intentado utilizar las condiciones insalubres en los centros de detención para disuadirlas, manifestando que, si solicitaban la condición de refugiado, pasarían meses o años detenidas.
Funcionarios mexicanos dijeron que sus agentes siempre informan a los migrantes detenidos sobre su derecho a solicitar la condición de refugiado. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que es sumamente infrecuente que la entidad encargada reciba solicitudes de migrantes aprehendidos.
Por lo anterior, la organización le pide al gobierno mexicano asegurar que los agentes de migración informen a todos los migrantes detenidos acerca de su derecho a solicitar la condición de refugiado u otras formas de protección internacional en México, conforme lo exige la legislación nacional, y no intenten disuadir a las personas de la posibilidad de solicitar protección., así como mejorar las condiciones de detención migratoria.