Los familiares de las 40 víctimas mortales del incendio ocurrido en el mes de marzo en una estación migratoria en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, recibirán una indemnización proveniente de un fondo aprobado que asciende a unos 8.2 millones de dólares (140 millones de pesos), informó el Instituto Nacional de Migración (INM).
El instituto, dependiente de la Secretaría de Gobernación mexicana, detalló que cada una de las familias de las 40 personas que fallecieron hace más de cuatro meses recibirán alrededor de 205,640 dólares (3.5 millones de pesos). Siete de los fallecidos eran salvadoreños.
La noche del pasado 27 de marzo, 40 migrantes fueron víctimas de asfixia por el humo de un incendio de tres minutos de duración, de acuerdo con investigaciones de las autoridades mexicanas. Dos de los migrantes detenidos prendieron fuego a unas colchonetas en protesta por un posible traslado, sin que ningún guardia abriera la celda.
Treinta y nueve murieron en el lugar ese día y uno más en el hospital. Además, 27 sufrieron lesiones.
Entre los fallecidos había 19 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano.
La tragedia provocó reclamos al gobierno mexicano de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y protestas de migrantes sin documentos en paso por México.
Imágenes de una cámara de seguridad mostraron que una vez desatado el incendio, ni personal de migración ni de seguridad hicieron algo por evacuar a los migrantes.
Por estos hechos también se ha procedido contra el titular del INM en México, Francisco Garduño, quien está siendo proceso penalmente en el territorio mexicano, así como contra diversos funcionarios de menor rango administrativo.
El INM responsabiliza del suceso a los dos migrantes que iniciaron el fuego y a la “pérdida de las llaves” de la celda donde estaban encerrados los hombres, pero no habla de más responsabilidades.
$205,640
es la cantidad que recibiría cada familiar de los migrantes fallecidos en el incendio, lo que suma un total de $8.2 millones por las 40 víctimas.
Las autoridades del Gobierno mexicano añadieron que, en tanto, continúa el procedimiento para la indemnización a los beneficiarios, se mantiene el proceso de acompañamiento a las víctimas lesionadas en su atención médica.
Para asegurar el pago de estas indemnizaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó la creación de una partida presupuestal “especial” para la reparación del daño.
El monto total y respectivo que se otorgará a cada familia fue aprobado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno mexicano el pasado 10 de julio.
“En Ciudad Juárez, el INM sufragó los gastos de hospedaje, alimentación y servicios personales para la familia de las víctimas; así como, los correspondientes al pago de boletos de avión”, añadió el INM.
Por su parte, precisó que los migrantes lesionados que fueron trasladados a Ciudad de México para ser atendidos en hospitales de alta especialidad, están hospedados junto a sus familiares, en hoteles donde personal del INM está al pendiente de los mismos “las 24 horas del día”, a fin de gestionar los servicios que requieren.
“Los lesionados y sus familias han recibido productos de higiene personal, medicamentos especializados de alto costo para todos los pacientes, celulares, tarjetas de tiempo aire, ropa, calzado, lavandería, suplementos alimenticios y peluquería; así como, pañales, toallas húmedas, leche y otros”, explicó.
Ciudad Juárez, vecina de El Paso, Texas, es una de las localidades fronterizas donde permanecen varados numerosos migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos para pedir refugio.
Las siete víctimas salvadoreñas
En la tragedia del centro de detención de Ciudad Juárez murieron siete salvadoreños que buscaban llegar de manera irregular a Estados Unidos. Pese a los discursos oficiales, cientos de connacionales continúan emigrando del país mes a mes en busca de un mejor futuro debido a la difícil situación económica, entre otros factores.
Los restos de los siete migrantes salvadoreños muertos en México fueron repatriados vía terrestre el pasado 9 de abril para ser entregados a sus respectivas familias.
Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador indicaron en su momento que el gobierno de México asumió los gastos de repatriación, de transporte y hospedaje de los parientes de las víctimas salvadoreñas que viajaron al país azteca para identificar los cuerpos.
Relaciones Exteriores en El Salvador omitió dar los nombres de las víctimas por respeto a las familias. Esto pese a que autoridades mexicanas divulgaron previamente un presunto listado de nombres.
Solamente se detalló que las víctimas salvadoreñas eran hombres con edades entre los 35 y 40 años. Además, originarios de los departamentos de Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador.
“Fui (a México) a reconocerlo, me preguntaron por qué lo podía reconocer, y yo dije que por los dedos de la mano, los dientes y por sus ojos, pero fue por la ropa los zapatos que lo reconocí. (Eran) los que yo le había comprado para que se fuera”, relató la madre de José Rivera, una de las víctimas del incendio, quien fue sepultado en su natal Chalatenango el 10 de abril.
El gobierno salvadoreño ha condenado con anterioridad el actuar del personal de migración el día del incendio. A través de una conferencia, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, dijo el 9 de abril que exigían la renuncia de los responsables de la política migratoria en México.
Este periódico contactó a Cancillería para obtener una postura oficial sobre el proceso de indemnización. Pero al cierre de esta nota aún no había respuesta.