Al cumplirse el undécimo aniversario de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), esta se encuentra bloqueada de manera arbitraria por quienes ejercen el poder en el país. Así lo denunciaron defensores del derecho de acceso a la información que, además, indicaron que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) “está muerto”.
El 8 de mayo pasado se cumplieron 11 años de la entrada en vigencia de tal normativa que nació para garantizar el derecho de la ciudadanía a obtener información de las instituciones del Estado. Entre los principales logros de esta legislación es dar luces sobre gastos de viajes de funcionarios, planillas de asesores, compras suntuosas en el sector público, así como haber facilitado información patrimonial que permitió abrir procesos de enriquecimiento ilícito, como el que desencadenó el juicio penal al expresidente Antonio Saca.
En declaraciones a este medio, Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación DTJ, dijo que la virtud de esta ley como bastión de lucha contra corrupción ha provocado una resistencia de los tres órganos del Estado que “siguen las directrices de Presidencia de disminuir la entrega de información”.
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Reservas de información
Hernández no dejó de señalar que el IAIP pasó de ser garante de la transparencia a ser “un ente que crea el espacio para que todo servidor público deje de cumplir sus obligaciones de brindar información”. Ademá criticó que el instituto no se pronuncie ante abusos de reserva de información”.
La LAIP permite, bajo causales específicas, mantener información oculta por un tiempo, pero el gobierno actual hace un uso indiscriminado de esta facultad para bloquear datos a los ciudadanos, según denuncias de expertos.
Hernández subrayó que “la ley está siendo incumplida descaradamente por este gobierno y funcionarios afines en todo el Estado”.
Necesita secretismo y opacidad
En ese sentido, la directora de DTJ apuntó que “la transparencia asusta al que está haciendo actos ilícitos” y necesita secretismo y opacidad para que nadie le exija cuentas.
Además recordó que la LAIP obliga a funcionarios a rendir cuentas, hacer saber cómo toman decisiones y resguardar todos los documentos que respaldan sus actuaciones.
Por esta razón, indicó que en el país “al ser un gobierno que ha capturado todas las instituciones donde sus actos dejan mucho que desear, tienen miedo y necesitan ocultar a la ciudadanía la magnitud de las irregularidades y arbitrariedades que están cometiendo”.
A su juicio, este Gobierno “tiene muy claro que el conocimiento implica poder, y la transparencia es el remedio a la oscuridad bajo la cual la corrupción, la impunidad y el abuso de poder prosperan”.
Y es que además de los bloqueos a datos que deberían ser públicos, hay una ofensiva contra las organizaciones de sociedad civil que empujan la transparencia y contra el periodismo que revela datos que riñen con la narrativa oficialista.
“La transparencia les incomoda porque expondrá sus verdaderas intenciones y perderán la popularidad que han ganado con un simulacro de lucha contra la corrupción”, enfatizó Hernández, quien recuerda que la popularidad del mandatario se construyó sobre la base de la lucha contra el mal uso de recursos, misma batalla que hoy debilita.
Bukele y la opacidad
La directora anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, explicó que “hay dos políticas claras de Bukele”: La primera es la importancia de la comunicación como el centro de la toma de decisiones del Gobierno y la segunda es la opacidad.
En relación a esto, López planteó que “no es casual que el IAIP fuera la primera institución que sufrió el embate del Ejecutivo desde aquel primer síntoma cuando al presidente de turno del IAIP le pedían información sobre los solicitantes de información pública”.
También mencionó las destituciones de los comisionados y la imposición en estos cargos de personas leales para impedir el ejercicio del control sobre la información pública. “Es uno de los mayores retrocesos que ha habido en derechos en los últimos tiempos. Los 11 años de la ley se cumplen así y con la muerte del IAIP”, sostuvo.
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La LAIP ha quedado sepultada
Para el relator de expresión de la Asociación de Periodistas (APES), Serafín Valencia, “el IAIP así como la LAIP han quedado sepultados”.
Destacó que el IAIP fue cooptado en la última elección por funcionarios que están al servicio del Ejecutivo y “están ahí más para garantizar políticas que garanticen la opacidad del Gobierno y no el derecho de la ciudadanía a conocer la información publica”.
La comisionada propietaria Roxana Soriano incluso participó como precandidata en las internas de Nuevas Ideas para las legislativas de febrero de 2021.
Ella y otros comisionados con simpatías o vinculaciones al oficialismo amenazan la imparcialidad de una entidad que constantemente conoce y debe resolver procesos que incomodan al gobierno.