La excomisionada del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), Ludivina Escobar, quien denunció de forma pública el giro que estaba teniendo la entidad al llegar dos comisionados afines al Gobierno, apelará la decisión del Presidente Nayib Bukele de removerla de su cargo.
Internamente no existe posibilidad de apelación ni ante el IAIP ni ante la Casa Presidencial, por lo cual debe acudir a las instancias judiciales para intentar volver a su cargo.
“No hay recurso interno ante el IAIP ni ante Casa Presidencial. Nos toca agotar el recurso judicial, ir a la Sala de lo Contencioso administrativo y esperar que la Sala resuelva conforme a derecho”, explicó la exrepresentante de los sindicatos ante el Instituto que vela por la transparencia en el Estado.
No obstante, Escobar duda tener una respuesta favorable a su caso, luego del golpe a la independencia judicial que dio la Asamblea Legislativa afín a Bukele el 1 de mayo al destituir a la Sala de lo Constitucional e imponer magistrados afines.
“Sé que, y es lo que vemos, que lastimosamente no hay justicia ni posibilidad de tutela judicial para quienes podamos estar en situaciones de este tipo, ya que en la medida que el órgano judicial esté controlado por el Ejecutivo y tenga todas las instituciones tomadas, es más difícil para cualquier ciudadano acceder ala justicia”, consideró en la entrevista Debate con el periodista Eduardo Arévalo la noche de este lunes.
Escobar, por tanto, espera agotar esas instancias para luego acudir a organismos internacionales que podrían analizar su caso a la luz de los derechos que ella asegura Bukele le ha violentado.
“Voy a acceder como un requisito para poder ir después a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues hay que agotar todas las instancias judiciales internas para poder acudir a la comisión. Entonces voy a hacer eso, a acudir a instancias internacionales”, explicó la exfuncionaria.
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Ella explicó que seguirá presionando por su caso no de manera personal, sino que para dejar un precedente en materia de transparencia y derechos humanos.
“Más allá de mi caso de remoción, es porque es un tema de derechos fundamentales. En la medida que no haya un control del gobierno de parte de una Institución como el IAIP, en esa medida no hay acceso a la información, no se sabe como se usan los recursos públicos, los impuestos de los salvadoreños”, dijo.