El pasado 28 de septiembre se celebró el Día del Acceso a la Información Pública. Sin embargo, en El Salvador hay pocas razones para ser optimistas en esta fecha.
Y es que la transparencia nunca ha sido una convicción de los políticos salvadoreños, del pasado y del presente.
En los últimos 11 años -desde que existe en El Salvador una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)- ha habido numerosos intentos por huir de sus efectos. Pero en la administración del presidente Nayib Bukele, la transparencia dejó de ser un mal necesario, cumplido a regañadientes, y rápidamente se convierte en una víctima más del descalabro democrático que está protagonizando el oficialismo.
Los notorios retrocesos se dan en múltiples áreas. En el plano legal, ha habido intentos de debilitar la Ley de Acceso a la Información Pública, otrora en la cima de estas regulaciones a nivel mundial, hoy únicamente un documento de buenas intenciones que ha dejado de ser cumplido.
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En el plano institucional, el oficialismo secuestró a la entidad garante de la transparencia, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). En lugar de tener funcionarios comprometidos con el derecho a saber de cada ciudadano, el gobierno de Bukele instaló a comisionados que sirven como guardianes de la opacidad y del ocultamiento de información.
En el plano ciudadano, hay desincentivos para que los salvadoreños pidan y difundan información que produce el Estado. Estos datos difícilmente serán entregados y, en el peor de los casos, quienes los solicitan serán atacados por hacerlo.
El declive de la transparencia no es una derrota para organizaciones de sociedad civil y un puñado de activistas. Es, por el contrario, un golpe a todas las personas que dan parte de sus ingresos a un Estado que se percibe ajeno a cualquier control. Es un golpe a quienes dependen de los servicios del Estado. Es una afrenta a los salvadoreños más vulnerables, quienes mantienen un aparato público oneroso sin siquiera saberlo.
Poco después del Día del Acceso a la Información, El Diario de Hoy buscó a tres expertos en materia de transparencia para conocer el estado actual de uno de los derechos fundamentales más pisoteados en el país. El pronóstico, claramente, es desesperanzador.
Dejó de ser un derecho universal
Para Wilson Sandoval, uno de los principales promotores del acceso a la información, este “ha dejado de ser un derecho universal”.
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Este abogado explica que las leyes siguen reconociendo que los salvadoreños pueden conocer qué se hace con sus recursos. La LAIP mantiene sus principios básicos y hay jurisprudencia que indica que la transparencia es una garantía de primera línea para todos los ciudadanos.
Pero, a su juicio, de nada sirve que un documento legal garantice la transparencia si en la práctica los ciudadanos no tienen acceso a datos del Estado.
Además, lamenta, se estigmatiza al ciudadano que busca datos oficiales, “se le ataca en redes, se le cuestiona. Es un desestímalo para buscar información”.
“Hay una política estatal que ha asumido reservar todo lo que sea posible en materia de información pública, declararla inexistente y buscar las formas en que puede evadirse la entrega”, resume.
“La regla general es ocultar información”
Para Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), el diagnóstico del acceso a la información es sombrío. Lejos de que el principio general sea la “máxima publicidad”, es decir que la información esté al alcance ciudadano, ella ve que la regla general es ocultar datos de cómo se toman decisiones.
Y esto no solo abarca el uso de los recursos que aportan todos los salvadoreños, sino los planes de trabajo, las prioridades y las políticas que el gobierno planea ejecutar en tiempos en que los recursos son cada vez más escasos.
Para Hernández, lo que está sucediendo es un retroceso a las actitudes antes de la aprobación de la LAIP: “Ninguno de los servidores públicos quiere que le exijan rendición de cuentas o que entregue información”.
La directora de DTJ recuerda que la transparencia no es un favor que los funcionarios le hacen a la ciudadanía. “La información le pertenece al ciudadano”, aclara. Sin embargo, más allá de los principios y los ideales, reconoce que El Salvador vive entre sistemáticos bloqueos de información y que el ciudadano que busca datos es atacado y estigmatizado.
De espaldas a la ciudadanía
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, aporta un dato preocupante al diagnóstico de la transparencia en el país.
Según un estudio de la organización que dirige, publicado el 24 de agosto del presente año, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha perdido su misión de ser garante del derecho a saber. Por el contrario, afirma, “cada vez el instituto resuelve menos casos” en comparación con los datos de 2021.
Y de los expedientes que resuelve, según Acción Ciudadana, “desde 2021 se observa que los casos resueltos en favor de la ciudadanía disminuyen drásticamente y los plazos de resolución (…) tienden a ser más largos que en años anteriores”. Es decir, un derecho menos garantizado y más engorroso de ejercer.
En 2019, el IAIP conoció 732 y resolvió 411, un 56% de su carga. En 2020, de 792 resolvió 499, un 63%. Pero en 2021, hubo una caída a 559 casos y solo resolvió 348, un 62%. En lo que va de 2022, solo ha analizado 248 casos y sólo 40 de estos han sido resueltos (37%).
El Instituto rechazó el 56% de los casos, una cifra muy alta en comparación a lo que han rechazado sus pares en México (25%) y en Chile (22%).
Para Escobar, esto muestra que “la cultura de transparencia que se estaba construyendo se ha acabado”.
Se abre las puertas a la corrupción
Para Wilson Sandoval, las puertas de la corrupción “se abren” cuando no se entrega información al ciudadano.
A su juicio, mantener oculto cuánto se gasta o a quién se contrata le permite a funcionarios públicos mantenerse inmunes a una condena ciudadana o, más aún, a procesos judiciales.
Sandoval recuerda que hay casos de corrupción que se conocieron por la obtención de documentos vía acceso a la información pública y hay exfuncionarios en prisión o aguardando procesos judiciales en virtud de lo que ciudadanos pudieron averiguar por canales institucionales.
Pero hoy no solo no hay información, sino que hay ataques a quien la solicite o difunda.
Xenia Hernández coincide en que al no saber cómo se distribuyen los recursos de todos o quién se contrata, hay incentivos para involucrarse en actos de corrupción.
Además, ocultar información de contrataciones puede llevar a nepotismo o compadrazgo. Es decir, a que los salvadoreños siguen con una venda en lo que respecta a qué hacen sus funcionarios -es decir, los empleados de todos- con los recursos de todos.