"El amplio régimen de excepción adoptado en El Salvador ha suspendido una serie de derechos básicos, lo cual abre la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos", señala Human Rights Watch (HRW) en un comunicado que publicó este martes ante la medida que el gobierno de Nayib Bukele implementa desde el pasado 27 de marzo tras un repunte de homicidios que se registró en el país durante dos días.
"La estrategia del gobierno de Bukele parece ser ‘primero arrestar, luego twittear y después investigar'", dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
A través de un comunicado titulado: "El Salvador: Amplio 'régimen de excepción' facilita graves abusos", representantes de la organización con sede en Estados Unidos cuestionaron la medida que está vigente por 30 días prorrogables, según lo han manifestado las autoridades.
"El gobierno del presidente Bukele debe tomar medidas serias, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos pare frenar la atroz violencia que ejercen las pandillas en El Salvador", externó Taraciuk, quien añadió en el comunicado que "en lugar de proteger a los salvadoreños, este amplio régimen de excepción es una receta para el desastre que pone en riesgo sus derechos".
La organización cuestiona la poca claridad sobre las acciones que el Ejecutivo adoptará como parte del régimen de excepción al hacer referencia que "el presidente Bukele tuiteó que las medidas 'serán implementadas por las instituciones pertinentes' y 'anunciadas solo cuando sea necesario'".
Además, criticó las decisiones que en los últimos meses ha tomado el mandatario con apoyo de los diputados de la bancada oficialista y aliados para avalar "medidas para socavar el acceso a la información pública en el país".
Sobre la "estado de emergencia" en las cárceles y detenciones
HRW cuestiona, además, la exhibición de personas detenidas que hace a través de las redes sociales la Policía Nacional Civil (PNC) "acusándolas inequívocamente de cometer delitos, incluso antes de que muchas de ellas fueran presentadas ante un tribunal".
También muestra postura sobre el estado de emergencia en las cárceles después de la jornada violenta que se reportó el 25 y 26 de marzo, en la cual 76 salvadoreños perdieron la vida.
"Castigar a los reclusos por las acciones cometidas por personas fuera de la prisión es una forma de castigo colectivo que viola múltiples derechos humanos, y el trato hacia los reclusos descrito por Bukele puede constituir un trato cruel, inhumano y degradante", indicó señaló Human Rights Watch.
Prosiguió: "Privar a los reclusos de ropa, luz, ropa de cama, acceso al aire libre, alimentos y agua adecuados también es incompatible con los estándares internacionales sobre el trato a los detenidos".
Según HRW, "el derecho internacional permite a los países derogar o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones en materia de derechos humanos en circunstancias sumamente limitadas, que no parecen aplicar al caso actual en El Salvador".