El informe de Human Rights Watch confirma que el régimen de excepción, impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, desde marzo del 2022, es "una política criminal" que sirve para ejecutar violaciones sistemáticas, graves y generalizadas a los derechos humanos de personas inocentes.
"Abusos a gran escala"
Así lo consideró en declaraciones a este medio, Oswaldo Feusier, abogado penalista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), al analizar la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso la organización internacional, Human Rights Watch, en la que se revelan "abusos a gran escala” de parte de autoridades del gobierno de Nayib Bukele, hacia los detenidos bajo el régimen de excepción.
Los registros analizados por HRW, correspondientes a una base de datos atribuida a una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, muestran violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia del Estado salvadoreño.
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El docente de la UCA consideró que la filtración confirma lo que "ya es un secreto a voces en los tribunales del país y lo que no es un secreto a voces sino que han gritado las organizaciones de derechos humanos". "Se trata de una política criminal fundamentalmente para poder desarrollarse en la violación sistemática, grave y generalizada de derechos humanos para personas inocentes", dijo Oswaldo Feusier en referencia al Estado de excepción.
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3,102 casos
Hasta el 9 de enero del 2023, Cristosal registró 3,102 casos de denuncias de violaciones a derechos humanos bajo la medida excepcional.
Ante este panorama, HRW pide al gobierno de Bukele “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”.