El gobierno de Nayib Bukele solicitó a inicios de este año al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) poder reorientar para gasto corriente del Ministerio de Salud (MINSAL) los $60 millones entregados por ese organismo al país para la construcción del nuevo Hospital Rosales.
La justificación para la propuesta es que la Dirección de Obras Municipales (DOM) realizaría todos los trabajos del centro con recursos propios, después de que se declaró desierto el proceso de licitación para contratar a una empresa a finales de 2022. Unos meses antes, la DOM había ingresado como coejecutora del préstamo. Debido a que esta última institución cubriría el monto necesario con sus fondos, quedaría el dinero entregado a través del préstamo en “disponibilidad” del MINSAL.
El BID, sin embargo, no ha aceptado la propuesta del Gobierno de El Salvador, pues la construcción del Hospital Rosales sigue apareciendo ligada al préstamo entregado por el banco en el proyecto del Presupuesto General de la Nación de 2024.
Eso es lo que se desprende del anexo 1 del “Informe de los Auditores Independientes y Estados financieros” del año 2022 realizado por PWC (una de las firmas de auditoría más grandes del mundo) al “Programa Integrado de Salud II”, un convenio firmado por el BID y por el gobierno de El Salvador en abril de 2016, en el que el organismo internacional le entregó al país un préstamo de $170 millones para la mejora del sistema de salud pública. Este tiene como principales ejes el levantamiento del nuevo Hospital Rosales y el de Nejapa.
Para el economista José Luis Magaña, de Panorama Económico, el plan de Bukele es que la construcción del Hospital Rosales esté en las manos de una entidad como la DOM y se salga de la jurisdicción del BID, que exige de los Estados involucrados una total transparencia y rendición de cuentas en los proyectos que decide apoyar.
“La DOM es una de las instituciones más opacas de este gobierno, incluso cuenta con su propio marco normativo para contratar… Buscan hacer una reorientación sin contar primero con el aval ni del propio Banco Interamericano de Desarrollo ni de la Asamblea Legislativa”, comentó Magaña.
Los fondos del Rosales siguen estando allí
“Los fondos de esta inversión son cien por ciento propios. Es decir, son fondos GOES (Gobierno de El Salvador). No como dice la oposición: ‘¡Ahí les dejamos el dinero!’ No sé a dónde lo dejaron, ¿en qué cuenta? Que nos avisen”, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, el 15 de junio pasado, en el evento de colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Rosales.
El mandatario aseguró, así, que el dinero que se usaría para la construcción del centro de salud no provenía del préstamo del BID. Sin embargo, lo cierto es que estas palabras parecen ser la manifestación de un deseo de Bukele más que de una realidad.
En la página 16 del informe realizado por PWC, se hace eco de que el 28 de febrero de 2023, el Ministerio de Salud recibió de parte de Hacienda una correspondencia en la que le solicita que le comunique “las intervenciones y/o nuevas actividades” en las que tenía previsto reorientar los fondos del préstamo. Incluso manifiesta que en este marco se podría incluir el reembolso de gastos “ya realizados por el MINSAL”.
Dicha carta se envió luego de que la Dirección de Obras Municipales (DOM) comunicó a Hacienda, el 16 de febrero de 2023, que esa entidad había realizado el diseño del hospital y la “consultoría de validación para el proyecto de construcción de consulta externa especializada y Hospital de día, Hospital Nacional Rosales”. Además, pasaría a encargarse de la construcción del centro, después de que el proceso de licitación se declaró desierto por la misma DOM. La justificación es que no recibieron “ofertas en fecha y hora señalada para tal fin”.
$940.5 millones
Son los que ha reorientado en el Presupuesto General de la Nación la Asamblea Legislativa a solicitud del Ejecutivo , en 57 reformas. Expertos señalan que, con este abuso en los cambios, pierde sentido toda planificación.
Esta declaración del proceso como desierto ya había sido expuesta por el medio digital Voz Pública en marzo de este año. En la nota correspondiente, el medio salvadoreño explicó que la falta de participación no entra como una de las opciones posibles para no adjudicar el proyecto, pues en octubre de 2022, el BID publicó un informe en el que informaba del avance de la preselección de empresas interesadas en ejecutar el proyecto. En concreto, dos consorcios, uno español y otro mexicano; y una empresa austriaca.
“Se debe revisar por qué no hubo participantes, si hay algún error en las bases (de licitación) y si (este) se puede modificar para que las personas participen o se debe lanzar un nuevo proceso y se da otro plazo”, afirmó para Voz Pública Graciela Ayala, investigadora y coordinadora del Centro de Monitoreo Institucional de Acción Ciudadana.
En la correspondencia recogida por PWC, desde la DOM aseguraron que realizarían la construcción del inmueble bajo la modalidad de “administración directa”, con la que pasaba a encargarse de todo el proceso sin la necesidad de hacer un concurso público y transparente, como lo exigen los controles utilizados por el BID. Justificó esta decisión por “la urgencia que representa la ejecución de tan importante obra para el país”.
Con eso, escribió la DOM, se liberaron “recursos provenientes del Préstamo BID N° 3608/OC-ES, resultando en una disponibilidad de los mismos para el Ministerio de Salud (MINSAL)”.
La DOM recibió una reorientación de fondos para encargarse de esta construcción en octubre del 2022 por parte de la Asamblea Legislativa. Se le transfirieron $26 millones para disponer de crédito presupuestario e iniciar con la ejecución del proyecto denominado “Construcción y equipamiento del Edificio de Consulta Externa Especializada y Hospital de Día, anexo al Hospital Nacional Rosales, municipio y departamento de San Salvador”.
Los peligros de la medida
Para Ruth López, jefa jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, no es posible todavía saber si los fondos pueden ser o si fueron ya reorientados, pues no existe certidumbre siquiera de que el BID ya entregó todos los desembolsos relacionados con el préstamo.
Así, el país se podría encontrar con un escenario en el que el organismo multilateral decida no entregar los $60 millones, pues El Salvador no cumplió con el compromiso de utilizarlo en su destino original.
“Mientras el banco no lo apruebe, no podemos hablar de reorientación. Una cosa es el deseo y otra es la realidad. Perder esos fondos sería una consecuencia muy fuerte para esta administración”, comentó.
El economista e investigador Carlos Argueta es de una opinión parecida y señala en el Gobierno de Nayib Bukele toda “una cultura” de falta de planificación presupuestaria que se debe subsanar con un exceso de reorientaciones.
“En este caso en particular, si bien se mantiene para la rama de salud, se trata de un fondo específico para la construcción de un hospital… Hay que especificar con más detalle para qué en concreto se va a usar ese dinero. ¿Es para medicinas, para la contratación de médicos o de personal administrativo? Esta reorientación, además, debe quedar rigurosamente plasmada en el presupuesto del próximo año, para comprobar que, en efecto, se va a usar para las más prioritarias necesidades de los salvadoreños”, dijo Argueta.
La DOM: una institución con propósito deformado
La Dirección de Obras Municipales (DOM) fue constituida en 2021 para centralizar todas las obras relacionadas con las municipalidades. Sin embargo, debido a una gran cantidad de reformas, la entidad ahora está habilitada para encargarse de todo tipo de obras, incluso de carácter nacional. Y lo hace bajo un marco regulatorio basado en la discrecionalidad del gasto, con escasa transparencia hacia la población.