El criminólogo Carlos Ponce interpreta el incremento de la violencia homicida como muestra de que el gobierno no tiene el control de los territorios donde las pandillas tienen fuerte influencia entre las comunidades.
"Vemos a través de estas estadísticas fabricadas (del gobierno), a través de esa negociación con las pandillas, pues el gobierno sale y dice hemos recuperado el control de los territorios, pero lo que vemos ahorita indica todo lo contrario. El control nunca lo han tenido.", dijo Ponce en la entrevista en el programa de opinión Diana Verónica y Tony.
Agrega a lo anterior que "la magnitud, la coordinación evidente en este incremento de homicidios indica de que las pandillas tienen un control sumamente robusto en el territorio que les permite coordinar acciones de esta magnitud y de acciones con esta cobertura territorial", dijo Ponce.
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Señaló que el hecho de que solo en los departamentos de Cabañas y Morazán no se registraron homicidios, demuestra de que las pandillas tienen "el control en casi todo el territorio (salvadoreño)".
Aseguró que el aumento de la violencia homicida el pasado fin de semana pudo derivarse de algún desbalance que pudo haber existido en las supuestas negociaciones que el gobierno mantiene con las pandillas.
"Por supuesto que incrementar los homicidios es una de las formas con las que las estructuras delincuenciales tratan precisamente de mejorar su posición en las negociaciones para obligar a las autoridades a incrementar los beneficios que están concediendo", dijo Ponce.
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Parte de esos beneficios podría ser que "no sean perseguidos, que no van a pagar tiempo en prisión, no van ser fiscalizados, atacados por las autoridades hasta dinero en efectivo".
Aunque parezca paradójico, Ponce considera que al gobierno le conviene de que las pandillas tengan influencia en las comunidades donde ellos operan porque al final puede resultar en un apoyo electoral a favor del partido en el poder.
Ponce considera que al gobierno no le conviene extraditar a ninguno de los cabecillas de las pandillas que son reclamados por la justicia estadounidense por delitos cometidos en Estados Unidos porque podrían delatar a los funcionarios actuales que han participado en las negociaciones con ese grupos pandilleriles.
"Si esta persona es extraditada a Estados Unidos corren el riesgo de que se convierta en un soplón. En una persona que pase a ser testigo en lugar de acusado y empiece a revelar la dinámica de la negociación, empiece a nombrar a los funcionarios que están involucrados, a todos los que participan en el acuerdo", dijo Ponce.
La pandilla Mara Salvatrucha (MS) es considerada por Estados Unidos como una organización terrorista, entonces eso "abre la puerta para una acusación penal y más en contra de funcionarios públicos".
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