De un claro ejemplo de “criminalización de la libertad de expresión” calificó el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Henri Fino, la suspensión de 47 médicos internos tras manifestarse pacíficamente en apoyo a dos colegas.
“En el caso de los jóvenes médicos que se expresaron en solidaridad, sencillamente ellos estaban haciendo uso del derecho a la libertad de expresión. Ellos estaban expresando su solidaridad con sus compañeras”, declaró el abogado al ser entrevistado en la radio YSUCA.
El gremio médico denunció el fin de semana que sus colegas fueron separados de sus cargos por salir al frente del hospital Rosales a pronunciarse por las sanciones aplicadas a sus compañeras Beatriz Monteagudo y Ángela Ferrer.
Ambas fueron separadas de sus labores el 20 de mayo luego de hacer publicaciones en redes sociales tras la estampida que dejó varios muertos y heridos en el estadio Cuscatlán.
A juicio de Fino, “estas jóvenes fueron suspendidas por expresar también su pensamiento”.
El abogado también subrayó que la protesta de los médicos no constituyó una suspensión total de los servicios en el hospital, sino una disminución en ciertas áreas.
El representante de Fespad recalcó que todos los salvadoreños tienen derecho a expresar de forma libre que están pensando; sin embargo, la respuesta que los médicos recibieron por parte del Estado fue la represión, para lo que “no hay ninguna justificación”.
El gremio médico advirtió que incrementaría las medidas de presión contra las sanciones a sus miembros y la violación del debido proceso, ante lo cual el Ministerio de Trabajo accedió a establecer una mesa de diálogo.
Para Fino, no es necesaria esa “mesa de diálogo”, pues los médicos no han incumplido con sus obligaciones y se les ha violentado su derecho.
“Criminalización de la protesta”
“Lamentablemente en los últimos meses ha habido una criminalización de la protesta. Si no, veamos lo que ha sucedido en Soyapango, San Marcos, entre otros”, agregó, citando ejemplos en los que se ha sancionado y hasta capturado a sindicalistas por expresar su inconformidad.
“Qué es lo que sucede en estos tiempos en El Salvador, hay un tremendo temor a la expresión de la población, el gobierno teme a que el pueblo se exprese, el gobierno limita la libertad de la población a las encuestas (…) esas son las que le gusta al gobierno si le dan popularidad”, dijo Fino.
En este punto, el abogado le recordó al gobierno que las personas tienen derecho a expresarse y el Estado debe garantizar esas libertades, incluidas las marchas, a las cuales ha tratado de bloquear con amenazas, retenes y hasta la detención de participantes.
“El gobierno y el presidente no tiene interés de escuchar a la población”, agregó Fino.
A raíz de estas acciones el representante de Fespad recalcó que “no estamos en un estado de derecho, estamos en una dictadura donde nadie puede expresar lo que piensa o siente libremente”.
Fino señaló que en los últimos meses se ha vuelto más común afirmar que se les va a aplicar el régimen a cualquier persona que no esté a favor de las directrices del gobierno en turno.
“Este régimen de excepción, además de haber dejado de ser excepcional, se ha convertido en una herramienta de represión en nuestro país”, denunció Fino, recalcando que “esto no se puede llamar más que una dictadura”.