La concentración del poder ha llevado a la pérdida de la independencia entre los órganos de Estado y de otras instancias como la Fiscalía, que solo están cumpliendo órdenes del Ejecutivo. Esto aunado al irrespeto del pluralismo, la política de opacidad que ha llevado a restringir el acceso a la información pública y a cerrar la Cicies que investigaba corrupción reflejan una matonería, afirmó este lunes la académica de la UCA, Gabriela Santos, durante una entrevista con Radio YSUCA.
"Hay una forma matona de ejercer el poder, es decir, ausente de diálogo, de poder tener en cuenta la forma de pensar de otras personas y es que eso es la Asamblea Legislativa, pluralidad de pensamiento, y no lo estamos viendo, pero se ningunea y se ridiculiza a personas de otras fracciones legislativas, y aunque haya un solo una persona de un partido se debe respetar porque hay personas que la votaron para que las represente", dice Santos, quien es la directora de la Licenciatura en Derecho de la UCA.
En este estilo "matón" de gobernar, Santos también puso de ejemplo al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, cuando dijo a los periodistas que no los necesitaba y que se fueran. De igual forma, dijo, no es posible legislar abusando de la dispensa de trámite (trámite urgente) para aprobar leyes.
Desde que el partido Nuevas Ideas se convirtió en la bancada mayoritaria, los debates en la Asamblea sobre las leyes a aprobar han sido relegados y los proyectos de ley son aprobado tal cual son enviados desde el gobierno central, ya sea de Casa Presidencial u otros ministerios.
"Cuando vemos que estos órganos trabajan bajo el mandato del Órgano Ejecutivo, sin debate ni discusión que es propio de una Asamblea Legislativa, que están siguiendo órdenes, eso no es posible. El Órgano Legislativo no está para cumplir órdenes del Ejecutivo", cuestiona Santos.
Otro "problema" que ella ve es que no hay control del ejercicio del poder, ya que si antes veíamos cercanía entre Asamblea y Ejecutivo pero el Órgano Judicial funcionaba de alguna manera como árbitro, pero si este ya no funciona como tal los ciudadanos quedan al desamparo.
Según la académica, está probado a través de la historia que cuando el poder está solamente en unas manos se violan derechos humanos. y en el caso salvadoreño, si un ciudadano considera que se le han violado sus derechos y acude a la Sala de lo Constitucional "es mas probable" que esta lo rechace.
"No tenemos garantías porque hay una orden de cómo ejecutar ese poder y no hay formas de que sintamos garantías, que impartan justicia; y si tenemos a jueces que están actuando a la medida del régimen no hay nadie que nos ampare", advierte.
Tras la destitución de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa nombró a sustitutos que son provenientes del gobierno actual o que son afines. Luego destituyó a la tercera parte de los jueces y magistrados de cámara, y rápidamente nombraron a sus reemplazos, lo que a juicio de analistas y especialistas en derecho, cabe temer que estos jueces sean alineados al gobierno.
En este contexto, Santos también cuestionó la falta de independencia de la Fiscalía General de la República, que orgánicamente es del Ministerio Público y debe ser independiente, pero sigue lineamientos del gobierno de Bukele.
"La Fiscalía no debe seguir órdenes del Ejecutivo porque son una instancia diferente. A mí me llama la atención que los diputados destituyeron al Fiscal General porque tenía vinculaciones partidarias pero también había algunos señalamientos de vinculación partidaria contra el Procurador de DD. HH. y a él no lo tocaron... las resoluciones de la PDDH no son vinculantes, entonces si yo tengo una institución que me va a decir: le exhorto, le recomiendo, le animo, no me hace estorbo, pero la Fiscalía sí lo hacía porque había una investigación en marcha con todo este tema de posible tregua entre pandillas", reflexiona Santos.
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Santos dijo que no se pondría a cuestionar si el anterior Fiscal hacía o no bien su trabajo sino la forma en que fue destituido, sin respetar el debido proceso, sin derecho a audiencia y defensa, cuando los diputados como funcionarios están obligados a respetar la Constitución.
Y ahora tenemos a un Fiscal General que hasta repite los tuits del Ejecutivo y cerró una instancia como la Cicies, que estaba respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y que estaba investigando la corrupción, recordó.
Este cierre, a decir de Santos, el cierre de la Cicies "es contradictorio con el discurso que hizo el gobierno en la campaña, se manipuló el discurso" y que además refleja que "el control del ejercicio del poder estorba, no quiere que se le ponga límites y que se vaya desenmascarando".
Santos también puso el ejemplo de cómo se ha ido debilitando el Instituto de Acceso de Información Pública que era una herramienta importante para la ciudadanía y la prensa, pero que a través de reformas y otras acciones como reservas a información que antes era pública refleja una política de opacidad y afecta el derecho del ciudadano a acceder a información y su derecho de expresión.
Régimen de excepción
El otro ejemplo es cómo se ha utilizado el régimen de excepción para "manipular y tergiversar la ley Lacap", algo que también contradice el discurso del gobierno de combatir la corrupción, pero más "perverso", dice, es el hecho de "aprovecharse de ese sentimiento ciudadano" , afirmó.
"Hay una desarticulación en las finanzas del Estado por la corrupción y eso no se puede dejar pasar porque atenta contra los derechos humanos", dijo Santos.
Sobre el régimen de excepción, Santos dijo que está claro que ha habido gente que no tiene vinculación con las pandillas y ha sido detenida, lo cual es grave, pero además calificó de imperdonable el hecho de que haya gente muerta en los centros de detención.
Desde el gobierno se publicita la cantidad de capturas que llevan día a día. A la fecha de habla de al menos 20,000 personas a las que califican de delincuentes. Esto pese a que el mismo presidente Bukele ha admitido que se ha dado un margen de error.
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Tras esta admisión y la liberación de algunas de las personas inocentes, el Estado no se ha pronunciado. Aquí es donde Santos, al igual que otros analistas y defensores de derechos humanos se preguntan: ¿quién restituirá la imagen dañada de estas personas? ¿Quién les repondrá sus ingresos por trabajos perdidos o la falta de provisión que hubo para su familia mientras estuvieron detenidos injustamente?
Para Santos, estas redadas que hace actualmente las autoridades no es nada nuevo y las comparó con planes de seguridad de Mano Dura y Mano Super Dura que no trajeron efectos positivos para la población. Incluso dijo que si se tiene un plan Control Territorial por qué era necesario implementar un régimen de excepción.
Y en este punto vuelve a la falta de discusión de estas leyes, como la que dio nacimiento al actual régimen de excepción, que solo contempla cinco artículos, que fue aprobada sin mayor análisis en la plenaria legislativa cuando merecía mayor atención debido a que se estaban suspendiendo derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos.
"Capturar pandilleros se puede hacer sin necesidad de un régimen de excepción", expresó Santos. A su juicio, esto ya no sorprende, pues otro ejemplo es la Ley Bitcoin, que además de ser ambigua es insuficiente en su contenido, en su parte técnica.
Santos hizo un llamado a los seguidores de Nuevas Ideas a que le pidan buenas leyes y en favor de la población, pues como ciudadanos también se tiene esa facultad de control del ejercicio del poder.