El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, señaló durante la entrevista matutina de TCS que este día presentará una serie de avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestas irregularidades encontradas en la mayoría de alcaldías del país.
Según el funcionario, recientemente se completó la auditoría que esa institución hizo a varias municipalidades para identificar cómo estas utilizaron los fondos que el Ejecutivo les entregó en 2020 para el manejo de la pandemia de covid-19.
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De acuerdo con Zelaya, en aquella ocasión el gobierno erogó la suma de hasta $191.7 millones que se repartió entre las 262 alcaldías, y los cuales no formaban parte del Fondo para el Desarrollo Social y Económico de los Municipios (Fodes), un fondo que el gobierno dejó de pagar durante más de un año.
En este sentido, según el titular de Hacienda, del monto total, al menos $83 millones han presentado irregularidades en la forma en la que fueron administrados por las alcaldías, y señaló que unos $4 millones serán directamente investigados por la Fiscalía por no contar con respaldos.
Esos $83 millones, además, se suman a otro hallazgo de hasta $24 millones que, según Hacienda, se encontraron en una primera tanda de auditorías realizadas anteriormente.
Lo anterior debido a que, según el ministro, son gastos que no están justificados ni documentados por las municipalidades, por lo que se trataría, incluso, de la comisión de delitos con castigos penales.
En este punto, Zelaya advirtió que las personas involucradas en el manejo de esos fondos, y que ejercieron en el período de 2018-2021, estarían enfrentando delitos como corrupción, malversación de fondos o la apropiación indebida de fondos públicos, los cuales se traducen en penas de más de cuatro años de prisión.
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Asimismo, además de la FGR, la Corte de Cuentas de la República también intervendrá en el proceso para definir las demás responsabilidades entorno a las supuestas irregularidades que señala el ministro de Hacienda.
Según Zelaya, solo 11 alcaldías resultaron sin ninguna observación o irregularidad en la auditoría realizada por Hacienda.