Cada vez que los bancos locales le prestan más y más dinero al gobierno reducen su capacidad de dar créditos al sector privado y a los ciudadanos en general.
Y en la actual administración la tendencia en los últimos años ha sido elevar la deuda de corto plazo con los bancos locales mediante las Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes).
Estos son préstamos que el gobierno hace y debe pagarlos en un plazo de hasta un año, ya que funcionan como una especie de tarjeta de crédito para el Ejecutivo cuando necesita fondos de forma más inmediata para cubrir compromisos fiscales y, sobre todo, si en el mercado internacional no consigue financiamiento.
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Datos del Ministerio de Hacienda indican que para 2023 el gobierno tiene planificado la colocación de Letes por un monto de $1,698,851,895.
“Se autoriza al Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda para emitir deuda flotante por un monto que no exceda el 25% de los ingresos corrientes equivalentes para el ejercicio financiero de 2023”, dice en el acuerdo N° 008 del pasado 4 de enero de 2023.
En ese documento se explica que solo para el primer trimestre de este año se prevén colocaciones de Letes por $500 millones “para atender deficiencias temporales de caja de la Dirección General de Tesorería para el primer trimestre”.
De ese monto el gobierno ya colocó $428,504,100, es decir que ya cargó la “tarjeta de crédito” por esa cantidad entre enero y marzo.
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En estos primeros tres meses Hacienda ha realizado 16 colocaciones de Letes en 11 convocatorias, de las cuales 4 fueron en enero, 2 en febrero y 5 en marzo. La última subasta estaba prevista para el 28 de marzo.
La mayor deuda fue adquirida el pasado 20 de febrero cuando el gobierno realizó dos colocaciones, una por $55.1 millones para pagarlos en 329 días y la otra por $38.6 millones que se deberán cancelar en 358 días.
Y casi un mes después, Hacienda volvió a salir al mercado local para que le prestaran más fondos; el 21 de marzo solicitó un poco más de $120 millones pero consiguió solo la mitad: $60 millones para pagarlos 355 días.
El FMI advierte que alta deuda puede frenar créditos para el sector privado
Este constante endeudamiento del gobierno con los bancos locales, mediante préstamos en Letes y Cetes ha sido señalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe, tras la revisión anual de las finanzas salvadoreñas.
El organismo advirtió que la exposición de los bancos a prestarle al Ejecutivo se ha incrementado y advirtió que eso puede frenar el financiamiento para el sector privado y afectar el crecimiento económico.
“Como resultado, la exposición de los bancos al gobierno ha aumentado, alcanzando el 11.1 por ciento del total de activos bancarios.”, dice en el informe del FMI.
El Fondo alertó que en un escenario en el que El Salvador está sin acceso a préstamos en el mercado internacional “se prevé un aumento de la deuda pública de corto plazo”.
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Además el Fondo Monetario planteó que se deben restaurar las reservas de liquidez, es decir, los “colchones” de fondos que tienen los bancos locales resguardados en el Banco Central de Reserva (BCR), en caso que haya un masivo retiro de ahorros de los ciudadanos.
Economistas han explicado en varias ocasiones que entre más fondos le prestan los bancos al gobierno, menos dinero queda para prestarle a las empresas y a los salvadoreños que solicitan créditos para sus negocios o para asuntos personales.
De hecho, datos del BCR indican que el saldo de la deuda del gobierno en Letes, a enero de este año, era de $1,358.64 millones.
Pero en los últimos años de la actual gestión esa deuda ha ido en alza, pues en 2018 la anterior administración dejó un saldo de $770.7 millones en Letras del Tesoro, pero en 2019 cerró con $936.1 millones.
Y el siguiente año, en lo más álgido de la pandemia, la deuda de corto plazo subió a $1,315.1 millones; luego en 2021 bajó levemente a $1,230.2 millones, pero en 2022 se volvió a elevar a $1,326.6 millones.
Los meses del año pasado en los que se incrementó más el saldo en Letes fue en octubre con $1,434.91 millones; noviembre con $1,402.76 millones; y diciembre con $1,414.21 millones. Eso implica que el Ejecutivo hizo varias colocaciones para obtener dinero y “atender deficiencias temporales de caja”.
Datos de Hacienda reflejan que hasta diciembre pasado la deuda de corto plazo del gobierno ascendía a $2,656.7 millones, de los cuales $1,326.6 millones eran en Letes y $1,330.1 millones en Cetes.
El financiamiento a través de esos Certificados también ha crecido, sobre todo en 2021 y 2022.
De acuerdo a las estadísticas del Banco Central, la deuda interna total en títulos valores asciende a $6,715.96 millones , a diciembre de 2022.
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De esa cantidad, son $2,744.36 millones que el gobierno debe pagar en un plazo de un año y los $3,971.6 millones que fueron prestados para cancelarlos en un plazo mayor a un año.
Ante esas cifras cobra más relevancia la advertencia del FMI que la exposición de los bancos al alto endeudamiento del gobierno salvadoreño puede frenar los créditos al sector privado y ahora se suma la crisis financiera internacional, tras la quiebra de tres bancos en Estados Unidos, la cual explotó por la falta de liquidez para hacer frente a los retiros de fondos de los ahorrantes.
En vista de la dependencia de El Salvador con la economía estadounidense, expertos han dicho que esa situación puede afectar los créditos en el país.
El expresidente del BCR, Carlos Acevedo, ha expresado que “para El Salvador, por su alto riesgo país, el efecto negativo podría ser más fuerte” y que la crisis desatada a raíz de la debacle del Silicon Valley Bank (SVB) “aumenta el riesgo de prestar a emprendedores”.
También el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Jorge Hasbún, ha externado que la crisis bancaria podría provocar un aumento en las tasas de interés por los créditos en el país, tanto para las empresas como para personas particulares.