El gobierno decretó este domingo "emergencia máxima" en el sistema carcelario del país tras el repunte de homicidios registrados entre viernes y sábado, medida que surgió tras un régimen de excepción que entró en vigencia por 30 días en El Salvador en el que, además, se suspenden algunos derechos fundamentales a la ciudadanía.
El sábado por la noche, la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de presuntos pandilleros que estarían implicados con la jornada violenta en la que 76 salvadoreños perdieron la vida, 62 de ellos el 26 de marzo.
"Director Osiris Luna Meza, decrete nuevamente emergencia máxima en todos los penales de seguridad y máxima seguridad, todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio", fue la orden que giró a través de Twitter el presidente Nayib Bukele al titular de Centros Penales.
Según el mandatario, de esa manera envía un "mensaje para las pandillas" ante la situación de violencia que se registró en dos días consecutivos en el país y "por sus acciones, ahora sus 'homeboys' no podrán ver ni un rayo de sol".
Minutos después, Luna respondió por el mismo medio que "inmediatamente se cumple la orden, estos criminales no verán la luz del sol", sostuvo.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, cuestionó la medida que el gobierno anunció en las prisiones del país, pues a su criterio deja en entredicho la ejecución del Plan Control Territorial.
"El gobierno supuestamente tiene el control de la delincuencia, tiene el Plan de Control Territorial, tiene el control de lo que sucede en las cárceles, ya han dicho ellos que de ahí no salen órdenes, para cometer delitos. Entonces, cómo ahora ordenan esta medida", señaló
Una medida similar en 2020
No es la primera vez que el Ejecutivo implementa una medida similar en las cárceles del país, a inicios de marzo de 2020 también emitió un estado de emergencia, pero de carácter indefinido, lo que fue cuestionado por abogados por considerar que esta tiene que ser autorizada por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y no podía ser declarada "hasta nuevo aviso".
En ese entonces, cuando José Miguel Vivanco aún fungía como director de la División de las Américas de Human Rights Watch, reaccionó en Twitter a dicha acción del gobierno, la cual calificó de "abusiva".
"No es admisible castigar a todos los presos del país, por el delito que pueden haber cometido algunas personas en particular. Principio básico de la responsabilidad individual, no colectiva", tuteó en esa ocasión.