El gobierno presentó una reforma a la Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja para que se incrementen las penas para líderes de las pandillas.
Dicha ley considera crimen organizado a “aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos”.
“Adicionalmente a la solicitud de prórroga (al régimen de excepción) estamos adjuntando dos anteproyectos de ley, una son reformas a la Ley de crimen organizado que nos va a permitir agilizar los trámites ante los tribunales de crimen organizado”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
Agregó que buscan incrementar en dos terceras partes la pena máxima para los líderes de estructuras de pandillas o agrupaciones ilícitas.
“Para ese tipo de líderes es que la pena máxima de 45 (años) se va a incrementar en dos terceras partes, porque tenemos el compromiso de que estos cobardes terroristas no vuelvan nunca”,
Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública
El 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al Código Penal que establece que los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de las mencionadas agrupaciones serán sancionados con prisión de 40 a 45 años.
La segunda propuesta es emitir disposiciones transitorias “para poder ordenar todo el procesamiento” de los 65,000 imputados a la fecha, que suman unas 3,200 imposiciones de medidas que ha presentado la Fiscalía General de la República (FGR).
“Lo que vamos a hacer es convertir esas 3,200 solicitudes de imposición de medidas en un poco más de 300 casos. Porque recuérdense que vamos a procesar a estas organizaciones terroristas por estructura”, agregó Villatoro.
Añadió que se van a procesar y condenar a acusados por agrupaciones ilícitas “por canchas y por clicas”. Estas declaraciones las brindó durante la presentación de la décimo sexta prórroga al régimen de excepción pese a los cientos de denuncias de violaciones a derechos humanos.