La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 16 años de prisión para el expresidente Mauricio Funes Cartagena por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes cometidos durante la tregua de pandillas de 2012.
Mientras que para el exministro de Seguridad, David Munguía Payés, pidió que sea enviado a la cárcel por 20 años, por los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Incumplimiento de deberes
En la parte final del juicio a cargo del Tribunal Especializado de Sentencia C de San Salvador, los representantes de la Fiscalía expusieron que en cuanto al incumplimiento de deberes, al menos tres testigos relataron que Funes y Munguía Payés avalaron las reuniones de la tregua entre integrantes de la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18, lo que habría ayudado a promover y favorecer las conformación de esas organizaciones delictivas.
Entre esos testigos presentados por la FGR está el clave Noé, un pandillero que se encuentra prófugo, por lo que en la vista pública se tuvo que hacer uso de una declaración anticipada, cuyo vídeo fue grabado en 2020.
Además, la Fiscalía planteó que ambos funcionarios buscaron un beneficio electoral con la tregua de 2012 para mejorar la imagen del gobierno de Mauricio Funes, por medio de bajar los altos índices de homicidios a cambio de dar beneficios a los pandilleros, como traslados de los cabecillas a penales de menor seguridad, visitas íntimas, ingreso de celulares y la autorización de fiestas.
Los defensores de Munguía Payés, explicaron que la Fiscalía cambió la estrategia de acusación en este delito, lo cual afecta el debido proceso y el principio de defensa.
Los defensores expusieron que inicialmente el dictámen de acusación señalaba al exministro Munguía Payés de favorecer y fortalecer a las pandillas, pero luego plantearon que lo que había buscado con la tregua era un beneficio propio de naturaleza electoral.
“Eso atenta contra el principio de defensa y de congruencia. Como no lograron establecer lo que buscaban en la acusación, cambiaron el sentido de la misma”, expresó Manuel Chacón.
Por su parte, el abogado defensor David Ramírez agregó que “no puede ser que una persona que está siendo acusada de un hecho tan grave, no pueda defenderse en el transcurso del proceso de un señalamiento, si este surge de manera sorpresiva en una etapa final.
“La ley establece en qué momento se pueden hacer las modificaciones o aplicaciones de la acusación" agregó Ramírez.
VER: Mauricio Funes aprobó 50,000 dólares para tregua de 2012, según testigo
Actos arbitrarios
En cuanto a la acusación de actos arbitrarios, la Fiscalía asegura que Munguía Payés se excedió en sus acciones como funcionario de Seguridad y realizó actos que contradicen la ley, debido a que durante los traslados de cabecillas se violaron los protocolos de seguridad regulados en la ley penitenciaria, lo que “derivó en una configuración de la administración pública en el área de seguridad beneficiando a las pandillas”.
El representante fiscal expuso que se dio la autorización de traslados de cabecillas a centros penitenciarios de menor seguridad, facilitación de recurso humano ilícito, reuniones de pandilleros en libertad con cabecillas de pandillas en centros penales y permisos temporales y la realización indiscriminada de fiestas en el interior de centros penales.
En contraste, los abogados defensores de Munguía Payés dijeron que en ningún momento se logró establecer que el exfuncionario dio la orden para que se realizaran los traslados de los cabecillas.
Incumplimiento de deberes
La Fiscalía agregó que, con relación al delito de incumplimiento de deberes, los funcionarios omitieron realizar lo que manda la Constitución, a pesar de que tuvieron conocimiento del cometimiento de ilícitos durante la tregua, como el ingreso y uso de celulares en las cárceles.
El abogado defensor de Munguía Payés, Carlos Manuel Chacón explicó que la prueba desfilada en el juicio no demostró que el exfuncionario tuviera el conocimiento o haya autorizado el ingreso de dichos objetos.
Chacón agregó que ningún testigo aseguró "haber visto o escuchado" que Munguía Payés diera la autorización para el ingreso de los objetos prohibidos.
“Es decir que a ninguno de los declarantes le consta o presenció que (Munguía) haya tenido el conocimiento o diera el consentimiento para el ingreso de objetos ilíctos a los penales” alegó.
En cuanto a la acusación de ese mismo delito contra el expresidente Funes, el defensor público, Mauricio Pineda, explicó que su defendido no tenía la facultad de autorizar traslados de cabecillas o el ingreso de personas civiles en los centros penales.
“No hay ningún documento por escrito que demuestre que los mediadores de la tregua iban en representación del presidente Funes para ingresar a los centros penales” expuso.
El exministro Munguía Payés, que no había dado declaraciones durante los 11 días de juicio, expresó que está siendo juzgado en un proceso “contaminado”.
“La Fiscalía no ha podido probar mi culpabilidad en los delitos que me imputan, pero hay una cosa interesante, este juicio ya estaba contaminado, los fiscales que iniciaron este proceso igual que los testigos principales andan huyendo” dijo el exministro.