La Fiscalía General de la República acusó este miércoles a cuatro exmilitares por el rapto y asesinato de cinco residentes del cantón San Andrés de San Miguel, cometidos hace 40 años, durante el conflicto armado.
Según la acusación fiscal José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez eran parte de un grupo paramilitar denominado “escuadrones de la muerte” que delinquían en esa zona.
El ministerio público atribuye a los procesados los asesinatos de Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña Castellón.
La Fiscalía señala que el 7 de abril de 1981 un grupo de hombres vestidos con uniformes militares sacó a las cinco víctimas de sus casas y se las llevó dentro de unos vehículos con rumbo desconocido.
Un día después los cadáveres de las víctimas fueron hallados enterrados a poca profundidad con señales de tortura y lesiones de bala en el cantón Caulotillo, del municipio de El Carmen en el departamento de La Unión.
La acusación fue presentada en el Juzgado de Instrucción de San Miguel por los delitos de homicidio agravado, privación de libertad, asociaciones ilícitas y delito contra las leyes y costumbres de guerra (este último previsto y sancionado en el Código Penal de 1974).
En agosto del año pasado, tres de los cuatro exmilitares fueron capturados y durante la audiencia inicial la defensa solicitó la prescripción del delito, sin embargo, el juzgador consideró que se trata de un crimen de lesa humanidad.
Además, el juez primero de Paz de San Miguel impuso una fianza de $20,000 para José Inés Benavides Martínez, de 80 años, y Luis Alonzo Benavides Polio de 91 años, para gozar de las medidas sustitutivas a la detención.
Mientras que el juez determinó que José de la Cruz Orellana Iglesia, de 60 años, continuará detenido.
En ese momento, el abogado defensor José Mártir Martínez, explicó que imponer una fianza de $20,000, era una negativa de gozar de las medidas cautelares, “es una medida muy desproporcionada porque son jornaleros no tienen condiciones económicas", dijo.