El empresario de transporte Catalino Miranda fue llevado esta tarde al Juzgado 10° de Paz de San Salvador, en donde la Fiscalía General de la República lo acusó por los delitos de resistencia al arresto y desórdenes públicos.
En sus declaraciones al llegar al juzgado, Miranda aseguró que nunca se resistió en el momento de su detención, por lo que si ese es el delito del que lo acusan, él considera es nulo. "Yo no puedo pagar causas que no debo", agregó.
Miranda fue detenido el pasado sábado. Ese mismo día, también fueron detenidos los motoristas del transporte colectivo Rommel Iván Aquino Barrera, José Hernández Castillo y Jermel Ernilzon Castro Sorto, contra quienes la Fiscalía también presentó acusación este martes por los delitos de venta a precio superior, por supuestamente incrementar el pasaje y cobrar $0.35 centavos.
VER: Defensor de Catalino Miranda asegura que delito de resistencia es inexistente
La Fiscalía ha pedido la detención provisional de Miranda durante el proceso.
“Tomando en cuenta que ambos delitos sumados en su conjunto se convertiría en una pena superior a los tres años de prisión y por lo tanto nos habilita la posibilidad de solicitar la medida cautelar de la detención provisional”, dijo uno de los fiscales del caso.
Aseguró que el delito de resistencia será probado con entrevistas de agentes de la Policía donde declaran que Miranda trató de arrebatarles las placas que les quitaban a los microbuses por supuestas faltas de tránsito.
Por su parte, Miranda aseguró que los oficiales de la PNC llegaron con el argumento de que se llevarían unos microbuses porque “estaban en un eje preferencial, cosa que no es cierto, lo vi como algún tema muy raro”. Aseguró que en la División de Tránsito Terrestre esperó como una hora para que le dijeran que iba a quedar detenido por resistencia.
La audiencia inicial contra Miranda y los dos motoristas detenidos será el viernes 18 de marzo a las 12:15 pm en el mismo juzgado.
El lunes, el Gobierno se apoderó de las rutas 42 y 152 propiedad del empresario, y ha colocado a elementos de la Fuerza Armada y conductores particulares a manejar los microbuses, provocando un caos para los usuarios.
Por otro lado, Rolando Aparicio, defensor del empresario de transporte, denunció también este martes que las autoridades decomisaron un total de $186,000 propiedad de la empresa de microbuses sin ningún fundamento legal.
Aparicio aseguró que las autoridades decomisaron $161,000 de la caja fuerte y $25,000 de caja chica que es producto de los pasajes de transporte.
El dinero fue incautado en allanamientos que hicieran las autoridades policiales a las oficinas de las rutas 42 y 152, cuyos microbuses y autobuses fueron tomados por el gobierno sin respaldo legal.
Cambio de delitos
Catalino Miranda, empresario del sector transporte público, fue capturado la noche del sábado.
Tras su captura, la Policía Nacional Civil (PNC) informó en su cuenta de Twitter que la detención de Miranda era por aumentar el pasaje y obstaculizar la vía pública.
“Esta noche capturamos a Catalino Miranda, dueño de unidades de las rutas 42 y 152, por incrementar el pasaje de forma ilegal, también por obstaculizar la vía pública con sus unidades”, publicaron.
Sin embargo, al día siguiente, la Fiscalía General informó en su cuenta de Twitter que el transportista fue capturado por resistencia. Aunque imágenes difundidas por los mismos medios de propaganda del gobierno, se observa a Miranda, aun sin esposas y hablando por celular dentro de un vehículo policial.
“Se informa la detención de José Félix Castillo y Romel Iván Aquino Barrera, motoristas del transporte colectivo, por el delito de Venta a Precio Superior, en perjuicio de tres usuarios y el Estado; así como la captura de Catalino Miranda, por resistencia” se lee en el tuit.
El ministro de Obras Públicas informó además la noche del sábado sobre la suspensión del subsidio y concesión de línea de transporte a 293 unidades de la ruta 42 del empresario.
VER: Abogados consideran que toma de buses de Catalino Miranda es una “expropiación”
La captura se dio horas después de que el presidente Nayib Bukele enviara a la Asamblea Legislativa cinco iniciativas como parte de las 11 medidas paliativas económicas.
Entre estas propuestas se encuentra una que contempla penas de hasta 6 años de cárcel por cobrar más de la tarifa establecida en el transporte público o por acaparar derivados de hidrocarburos (combustible y gas propano), según lo anunció el sábado el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, al explicar el contenido de las medidas económicas.
“Estas personas fueron detenidas en el marco de las sanciones impuestas a los empresarios y motoristas del transporte colectivo que incumplan con las tarifas autorizadas por las autoridades”, justificó la Fiscalía un día después de la captura de Miranda.
Casi dos horas después de la detención, Bukele amenazó a los transportistas en su cuenta de Twitter: “Les dijimos a los transportistas: No jueguen con fuego. Pero no escucharon”.
“Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte. Solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso. No jueguen con fuego”, agregó el mandatario salvadoreño en su publicación.