Asamblea también reformó ley que regula carrera de fiscales y facilita su traslado
Según René Portillo Cuadra, de ARENA, esto prácticamente elimina la carrera de fiscales y la coloca al arbitrio del fiscal general de turno.
Minutos después de que la bancada oficialista consolidara el control del Ejecutivo sobre el poder judicial facilitando una purga de jueces, procedió a aprobar una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las reformas van en el mismo sentido de las aprobadas para el judicial. Estas van encaminadas a modificar los traslados de fiscales, así como la remoción de aquellos mayores de 60 años.
Al respecto, el diputado René Portillo Cuadra (de ARENA) lamentó que dentro de los cambios a la Fiscalía y “ninguna de las reformas a la carrera fiscal se refiere al combate a la corrupción. Tampoco existe un solo artículo encaminado a la pronta y cumplida justicia”.
Portillo Cuadra manifiesta que esta reforma solo se refiere a que el fiscal general puede hacer traslados de fiscales sin el debido proceso y señala que “se refiere exclusivamente a que los mayores de 60 años, cuando esta reforma entre en vigencia, perderán su trabajo”.
Además, el tricolor denunció que “están dando un tiro de gracia” a la carrera fiscal al derogar artículos que establecen el procedimiento para remover fiscales.
Por su parte, Walter Coto, de Nuevas Ideas, se limitó a decir que “el sistema judicial estaba enfermo, la corrupción era la enfermedad”, pero no justificó por qué la solución es remover a los jueces mayores de cierta edad.
Jorge Castro, también de Nuevas Ideas, dijo que se regocija “al verlos cómo saltan (a los diputados opositores y críticos de la medida) de un lado para otro sin saber qué hacer”.
Johnny Wright, de Nuestro Tiempo, consideró esta medida un paso más en la consolidación del poder del oficialismo.
Por su parte, Marjorie de Trigueros, directora de Estudios Legales de Fusades, señaló que lo aprobado ayer constituye “instrumentos para controlar políticamente a los jueces, magistrados y fiscales y anular su independencia”.
Para de Trigueros, es “un segundo golpe de gran envergadura contra la independencia judicial”.