Liduvina Escobar, removida de su cargo de comisionada en el Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP), y su abogada Ruth López lamentaron este lunes que la Sala de lo Contencioso Administrativo desechó algunas pruebas concretas que recopilan "hechos públicos y notorios" que sostienen sustentaban el caso.
Escobar tuvo este lunes una audiencia virtual ante dicha Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para apelar la decisión del presidente Nayib Bukele, quien la destituyó de sus funciones desde el 23 de abril de 2021.
La exfuncionario fue removida acusada de filtrar información a un medio de comunicación. Sin embargo, ella ha negado los cargos y atribuye su separación del ente a las denuncias que hizo de forma pública sobre el giro que estaba teniendo la entidad al llegar comisionados afines al Gobierno.
"Hemos agotado todas las instancias, hemos alegado de manera general, la imparcialidad, es decir, el presidente de la República Nayib Bukele ha tenido un conflicto de intereses para resolver mi caso, porque hay muchos casos que se resolvieron en su contra y obviamente trastoca los intereses que como Ejecutivo tiene de mantener oculta cierta información", afirmó la excomisionada del IAIP durante una conferencia de prensa virtual.
La abogada López dijo que a más tardar este martes presentarán un recurso de nulidad contra la decisión de la Sala de no tomar en cuenta una serie de pruebas con hechos públicos en las que señaló que evidencia la "falta de imparcialidad" por parte del presidente Bukele en el caso de la excomisionada.
La defensa aseguró que Escobar fue removida de su cargo al haber promovido desde el IAIP que se publicara información sobre los viajes del viceministro de Justicia, Osiris Luna, datos sobre personal del organismo de inteligencia, procesos sancionatorios contra funcionarios cercanos al mandatario, así como solicitar la entrega de archivos militares relacionados al conflicto armado, entre otros. Dichos casos fueron parte de las pruebas presentadas y las cuales fueron desechadas por la Sala.
"Es de señalar que el Tribunal ha comprendido que estos no son hechos públicos y notorios y por lo tanto no los ha tenido a cuenta como prueba, sin embargo, vamos a presentar un recurso de nulidad, porque el Tribunal no deliberó cuando se le interpuso un recurso de revocatorio que está establecido", manifestó López.
Explicó que "según el Código Procesal Civil y Mercantil los hechos públicos y notorios no tienen que ser probados, injustamente eso fue lo que se expresó, se hizo una cronología de todos estos hechos, incluso no se expusieron todos, solo los más relevantes, pero el Tribunal consideró que no los iba a tomar en cuenta".
López afirmó que la Sala podría emitir una resolución final del caso en 30 días hábiles. Aunque tanto ella como Escobar aseguraron que no esperan que haya un fallo favorable, por lo que coinciden que agotarán las instancias nacionales para posterior acudir a los entes internacionales, entre estos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).